Este artículo se encuentra incluido en el informe Precariedad y Cohesión Social, publicado por la Fundación FOESSA y Cáritas, disponible aquí
Co-escrito por Antonio Sanabria y Bibiana Medialdea.
Cómo hemos llegado hasta aquí: orígenes del endeudamiento
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública española cerrará 2013 en un 93,7% del PIB. Se trata de unas tasas inusualmente elevadas, inéditas desde las recurrentes crisis de deuda pública entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque no se trata todavía de una crisis de deuda soberana hay razones para la preocupación. El motivo es triple.
En primer lugar el vertiginoso incremento de la deuda pública, que en 2007 representaba un 36,3% del PIB. Es decir, su peso sobre el total de la economía española se ha más que duplicado en apenas seis años. Y en 2014 muy probablemente rebase la barrera psicológica del 100% del PIB.
En segundo lugar el gigantesco volumen de deuda privada, sobre todo de empresas y entidades financieras. Pensemos que si en conjunto a finales de 2012 el total de deuda representaba un 435% del PIB, un 330,8% sobre el PIB era deuda privada (de empresas no financieras, instituciones financieras y hogares), mientras «solo» un 104,2% era deuda pública[1]. En realidad, se trata sobre todo de deuda empresarial: la deuda acumulada por bancos y sociedades no financieras supone más de dos veces y media del total perteneciente al Estado.
El tercer motivo de preocupación es el elevado componente externo de la deuda acumulada, derivado de la dependencia respecto a la financiación foránea. Así, en 2009 el saldo de deuda externa bruta del total de la economía alcanzó el 167,7% del PIB (más de 1,7 billones de euros), mientras que la deuda exterior neta (que descuenta lo que el exterior le debe a España) se cerró en un 93,7% del PIB[2]. Solo siete años antes, en 2002, ésta representaba aproximadamente el 42% del PIB. La mayor parte de la deuda externa, como ocurre con la deuda total, la acumulan los agentes privados: en 2009 apenas el 17% de la deuda externa bruta total correspondía a las Administraciones Públicas (22,7% en el tercer trimestre de 2013).
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