Publicado en Sentit Crític el 18 de septiembre de 2014

La independencia de Catalunya, eso que parece cada vez menos lejano, es para muchas personas sinónimo de libertad y de plena soberanía, de emprender un vuelo libre de vínculos impuestos. La mayoría sabemos, pero, que la realidad es mucho más compleja, y que la soberanía y la independencia reales tienen que ir mucho más allá de un cambio de fronteras físicas. En Catalunya tenemos delante la oportunidad de construir un nuevo marco de referencia, y en este viaje que emprendemos la cuestión de la deuda tiene que ser un eje central de los debates sobre hasta donde queremos llegar. 

Hasta ahora, se ha prestado atención en la deuda que Catalunya heredaría del Estado español. Pero hay que poner atención también a decidir qué haremos con las deudas “propias”, las generadas por las administraciones públicas catalanas, y en especial la astronómica deuda acumulada por la Generalitat de Catalunya. Unas deudas acumuladas hacia los mercados financieros (principalmente bancos nacionales, españoles e internacionales), pero sobre todo hacia el mismo Estado español.

Desde el inicio de la crisis, la deuda pública y el déficit han sido las razones esgrimidas para la imposición de recortes en el gasto social, privatizaciones y ventas de patrimonio. Los poderes políticos nos reclamaban esfuerzos patrióticos para ajustar las cuentas públicas. Aun así, la deuda de la Generalitat no ha dejado de crecer. Una deuda supuestamente “nuestra” que casi nadie se atreve a cuestionar.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda creemos firmemente que no todas las deudas se tienen que pagar, y que hace falta una revisión a través de auditorías ciudadanas de qué y a quienes pagamos, para decidir qué deudas consideramos justas y cuales ilegítimas. Unas auditorías que nos guiarán también en la regeneración democrática y la recuperación de la soberanía.

Si bien la deuda ilegítima no es un concepto legalmente reconocido, sí que tiene sus bases sobre principios y normas de la legislación internacional. Pero se trata sobre todo de un concepto político, que tenemos que definir democráticamente entre todas. Un concepto a través del cual el pueblo no solamente puede definir qué es justo pagar y que resulta totalmente ilegítimo, sino también a través del cual debatir cómo queremos que se estructuren las finanzas públicas.

Partimos, además, del aprendizaje de experiencias históricas de impago y procesos de reestructuración de deudas, que nos muestran las consecuencias que pueden tener las decisiones que tomamos en este proceso. Ante el planteamiento de no pagar las deudas públicas, muchos nos tildan de inconscientes, puesto que la consecuencia inmediata sería el cierre del grifo del crédito por parte de los mercados internacionales. Pero, ¿no es precisamente esto lo que queremos? Independencia quiere decir que dejen de ser los acreedores quienes dicten las políticas públicas, sean estos CaixaBank, el BBVA, el Deutsche Bank o el Estado español.

Soberanía quiere decir también romper las cadenas con los mercados financieros. En definitiva, para definir unas nuevas reglas del juego, necesitamos comprender qué debemos y a quienes, como se ha generado esta deuda y a quien ha beneficiado. Si no queremos caer en una falsa independencia, atados de pies y manos al Estado español y la banca nacional e internacional, tenemos que empezar auditando las deudas desde la ciudadanía. Y para que la independencia no sea un simple espejismo, habrá que romper las cadenas con los acreedores y poder así emprender, de verdad, el vuelo hacia la libertad.

Iolanda Fresnillo y Sònia Farré son miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y de la campaña Independents de qui?