Max Carbonell, Pablo Martínez, Sònia Farré
Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Publicado en blogs.Público.es 11 oct 2013

“Vivimos en una época de crisis”, es el mantra repetido por los que justifican los recortes sociales mediante el miedo. Hay una grave crisis económica, sí, pero una aún más importante crisis social y democrática. Quienes intentamos lograr una sociedad civil más participativa que luche activamente por sus derechos, apostamos por una solución que no se puede encontrar más que con una ciudadanía informada, que tome la iniciativa y reconduzca la dinámica y las políticas actuales.

La justificación “económica” usada por los que implementan estas políticas austericidas es el pago de la deuda. Una deuda de la cual hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en su generación. ¿De qué otra forma podríamos calificar los rescates a la banca, o las “puertas giratorias” entre la política y la esfera privada, o la creación de infraestructuras inútiles y costosas de mantener? Este problema no es nuevo, sino que es recurrente a lo largo de la historia. Lo hemos visto en los años recientes en otros países europeos (Grecia, Islandia, Irlanda…) y mucho antes en países africanos o latinoamericanos durante los años 80. Es en estos últimos donde vemos ejemplos de iniciativas que han buscado aclarar qué deudas es legítimo pagar y cuáles no.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) creemos que ha de ser la voluntad popular la que defina -mediante un proceso de auditoría ciudadana que no sea exclusivamente económica, sino también de género, ecológica y social- qué deudas deben ser pagadas y cuáles, al contrario, deben considerarse ilegítimas y ser anuladas. La auditoría es una herramienta para valorar con criterio cómo hemos llegado a esta situación y quiénes son los responsables, y decidir cómo deseamos que funcione nuestra economía. Es un proceso abierto que decidiremos entre todas, coordinándonos con los colectivos que ya están trabajando en el mismo sentido.

La primera barrera con la que nos encontramos es la falta de transparencia. Y esto es así porque permitir el acceso a la información relativa al origen de la deuda, su proceso o su ejecución, supone dar armas a la población para probar su ilegitimidad. Así pues, nuestro primer paso en este proceso será el de exigir colectivamente que la información necesaria se haga pública de forma completa y que esté disponible en un formato trabajable por cualquiera. Hay que crear una cultura de transparencia en las administraciones públicas que ahora mismo no existe, a través del ejercicio de nuestro derecho a exigir todas y cada una de esas informaciones, puesto que de ellas dependen nuestras vidas.

El análisis de estos datos y su posterior difusión en un lenguaje social y comprensible para todas son procesos cruciales a fin de incrementar la toma de conciencia de las poblaciones. Vemos por ello cómo la auditoría es una herramienta poderosísima de autoformación. Llegados a este punto, y con mayor conocimiento, encontraríamos colectivamente nuevas faltas de información que obligarían a repetir el proceso en el mismo o en nuevos ámbitos. Solamente cuando lleguemos a un conocimiento profundo de cómo ha sido el proceso de endeudamiento en todos sus aspectos podremos llegar al cambio político, económico y social profundo al que aspiramos; proponer alternativas desde la base.

En la PACD ya tenemos experiencias en recopilación de datos públicos, análisis y difusión que son replicables a otros ámbitos y ampliables. Se han elaborado desde diversos grupos de trabajo varios documentos sobre la deuda pública, de ámbito estatal, autonómico y local. Donde no existían datos públicos, se ha llevado a cabo la tarea de reclamarlos. Se consiguió en tres ayuntamientos la publicación de sus presupuestos completos y en septiembre presentamos una instancia colectiva en la Generalitat de Catalunya exigiendo información.

También hay ejemplos locales como el del grupo de Badalona, que abrió la veda al lograr que el pleno del ayuntamiento declarara ilegítimos los intereses del Plan de Pago a Proveedores. Esta iniciativa, que se está extendiendo por otros municipios, permite introducir el concepto de ilegitimidad en las instituciones del estado y caminar hacia el impago de la deuda ilegítima desde los municipios. En esta línea, nuestro proyecto de los Observatorios Ciudadanos Municipales facilita la interacción ágil con nuestras administraciones, a través de una herramienta web de gestión de consultas que ofrece toda la información presupuestaria. Y lo más importante: son una herramienta de control de las instituciones gestionada y pensada desde y para la ciudadanía.

Quedan muchas cosas por hacer y el camino es largo para obtener lo que buscamos; una ciudadanía informada y participativa, que tome las riendas de su economía y de sus vidas. Que presione por una sociedad más transparente y más justa. No podemos dejar en manos de “un grupo de expertos” lo que debemos hacer nosotras mismas; la auditoría es ciudadana, o no es.