Publicado en Diagonalweb el 22/02/14
Al tiempo que asistimos al hundimiento de las condiciones de vida de la población y se imposibilita a la ciudadanía más afectada por los recortes, el acceso a un alojamiento digno, a plazas en escuelas infantiles, hospitales o servicios públicos de calidad, la municipalidad dedica 133 millones de euros, o sea más del 15% de su presupuesto, a pagar la deuda en 2012.
La deuda del Ayuntamiento de Valencia, como ocurre con muchas otras ciudades del Estado, ha ido creciendo hasta un nivel imposible de asumir para la población. Sabemos que se utiliza este argumento como herramienta política para recortar el gasto público en servicios sociales tan necesarios a la ciudadanía. De hecho, la mala gestión de los asuntos municipales y la corrupción endémica que caracteriza el mandato de la alcaldesa Rita Barberá (PP) desde 1991 han hundido las cuentas.
La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Valencia estima que buena parte de esta deuda no ha sido suscrita para beneficiar a la población valenciana, además de ser imposible de reembolsar por ser una enorme cantidad de dinero. Entre otros componentes, y para comenzar, la debida a intereses de demora en impagos por gastos mal presupuestados es ilegítima, y por tanto no debe pagarse. Si observamos la evolución de la deuda del Ayuntamiento de Valencia, vemos que ha tenido un crecimiento brutal, pasando de 631 millones de euros en 2002 hasta 1.299 millones de euros en 2012, último dato liquidado disponible al momento de escribir este artículo.