Publicado en La Directa Núm 344 (8 de Enero de 2014)

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Desde los inicios de la recesión económica en 2008, se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo, sin que haya indicios sostenibles de mejora, hasta alcanzar el volumen total de 6 millones de parados. Es decir, un 26% de la población activa. Esto solo debería haber bastado para centrar los esfuerzos de los diferentes gobiernos en políticas de empleabilidad, pero lo único que ha recibido este nombre han sido las diferentes reformas laborales (la ley 35/2010 del 17 de septiembre, el Real Decreto Ley 11/2011 del 26 de Agosto o el Real Decreto 7/2011 del 10 de junio de medidas urgentes para la negociación colectiva) que han ido justo en la dirección contraria de lo razonable para asegurar la creación de empleo; “flexibilizar” las causas de despido, eliminar la limitación al encadenamiento de contratos temporales o debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores frente a las empresas entre otras medidas.

En lugar de centrar sus esfuerzos en el que es uno de los mayores dramas de la crisis actual, nuestros gobernantes han preferido centrar sus esfuerzos en mantener a raya conceptos mucho menos “humanos”, como el déficit o la deuda. Estos esfuerzos únicamente tienen el  propósito de imponer toda una serie de medidas políticas de corte neoliberal, enfocadas a la reducción del gasto social y a la merma de derechos de toda la ciudadanía. La crisis de la deuda está siendo utilizada como una oportunidad para, aprovechando el terror de las poblaciones, imponer las reformas que son más beneficiosas para los capitales.

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