Desde múltiples frentes en movimientos y organizaciones sociales, llevamos años trabajando para conseguir que haya una sociedad civil más participativa, que luche por sus derechos, tome la iniciativa y reconduzca las políticas actuales. Buscamos que sean los ciudadanos y ciudadanas los que forcemos nuestro propio rescate, y forzar a nuestros gobiernos a que dejen de rescatar a bancos y grandes empresas, que dejen de pagar la deuda por delante de garantizar nuestros derechos.
Que Grecia se plantee no pagar la deuda o se niegue a reconocer a la Troika, nos ayuda a romper el mito de que no existe alternativa a las políticas de austeridad o al pago de la deuda. Resulta más que evidente que la deuda ha sido y sigue siendo usada como excusa para imponer una serie de reformas, de corte neoliberal, que acaban beneficiando a las élites económicas. Unas reformas que atacan nuestros derechos básicos y que se imponen sin participación ni debate democrático, como ya quedó claro en la reforma de la constitución exprés, llevada a cabo con agosticidad y alevosía.
El camino para frenar estos ataques pasa por el no pago de la deuda ilegítima. Un no pago que ya se ha llevado a cabo numerosas ocasiones a lo largo de la historia, propia y ajena. A Alemania se le condonó gran parte de su deuda tras la segunda guerra mundial, y entre los acreedores estábamos Grecia y España. El impago es posible, y lo que debemos cuestionarnos realmente es si el pago de la deuda lo es. La burbuja de la deuda a nivel internacional ha llegado a tal nivel que no hay economía real en este mundo capaz de cancelar las deudas existentes. Esa deuda y el capital ficticio que la respalda, ha ido aumentando sin un respaldo de la economía real. Ya son muchas las voces, heterodoxas y ortodoxas, que advierten que la deuda, pública y privada, en nuestro país, en Grecia y más allá, es simplemente impagable.
No sólo no es posible pagar, tampoco es ético hacerlo. En nuestro país la deuda pública se ha contraído a espaldas de la ciudadanía, con altos indicios de corrupción y para respaldar rescates como el de la banca. La deuda ha aumentado por años de políticas fiscales regresivas, para que los que más tienen sigan disfrutando de sus privilegios. Deuda que se acumula a costa de privatizaciones de dudoso beneficio para el estado, como con el reciente rescate de las autopistas. Una deuda de la cual cuestionamos su legitimidad. Y ahí es donde queremos detenernos a reflexionar.
La propuesta de Auditoría Ciudadana
Para ello, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) proponemos la Auditoria como herramienta para valorar colectivamente como hemos llegado a esta situación y quiénes son los responsables. Una auditoría surgida de la voluntad popular, que analice desde abajo las deudas que deben considerarse ilegitimas y ser anuladas – no solo las exclusivamente económicas, sino también las de género, ecológicas y sociales – y que nos permita decidir como deseamos que funcione nuestra economía. Un proceso abierto en el que decidamos todas, en coordinación con los colectivos que trabajan en el mismo sentido, y que permita proponer alternativas desde la base. Una auditoria ciudadana no es sólo un proceso de análisis, sino que se plantea como una estrategia de pedagogía popular, a través de la cual aprendamos de forma colectiva cómo funcionan las finanzas públicas y, tal y cómo hemos dicho, comprendamos cómo se ha llegado a esta situación de crisis multidimensional.
Estos procesos de auditoría deben darse a diferentes niveles: estatal, autonómico y local; pero también en diferentes sectores: sanidad, educación, infraestructuras, sistema fiscal, etc. Apostamos por una suma de procesos que nos permita una visión global y plural. Dado que la auditoría ciudadana debe funcionar como medio de autoformación de la ciudadanía, es interesante que cada cual pueda participar de auditar las instituciones o sectores de los que se siente más cercano: su ayuntamiento, su sistema sanitario, etc.
Nos puede parecer que la auditoria de las cuentas municipales no sea la forma más efectiva para abordar la deuda pública, dado que la mayor parte de esa deuda se acumula en el ámbito estatal y no municipal. Pero sin embargo es la forma más efectiva para comprender cómo funciona el erario público, y es uno de los ámbitos más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas. Por ello la auditoría ciudadana no se debe centrar sólo en el ámbito más relevante desde el punto de vista cuantitativo, sino abordar esos diferentes niveles y sectores.
Uno de los principales obstáculos para la realización de auditorías ciudadanas, tal y cómo las planteamos, es la falta de transparencia. El acceso a la información es la primera fase de cualquier auditoria, y es por eso que desde la PACD ya estamos trabajando en conseguir hacer pública toda la información vinculada con las finanzas de las administraciones, empleando un lenguaje social y comprensible para todas las personas. Transparente y accesible no quiere decir solamente publicado, sino que se publique en formatos y lenguajes accesibles a la ciudadanía. Cuando no lo hace la administración, lo hacemos desde la ciudadanía, publicando los datos e informaciones en formato abierto y lenguaje accesible.
Más allá de lo técnico, un proceso vivo
El proceso de auditoría ciudadana no es un proceso puramente técnico, sino un proceso vivo y en continua construcción. ¿Cómo queremos que sea esa auditoría? Esto es algo que aún estamos definiendo a medida que vamos avanzando en la propia auditoría, y a lo que os invitamos a reflexionar.
En el proceso de Auditoria Ciudadana pueden participar diversos actores. Empezando por la población en general, la cual querríamos implicar en el proceso. Pero también los movimientos sociales y organizaciones afines a la idea de rescate ciudadano. Obviamente contamos con personas que tienen conocimientos técnicos que pueden apoyar y asesorar durante el proceso. Finalmente nos gustaría contar también con las Administraciones Públicas.
La tarea de las diferentes administraciones públicas, es sencilla. Implica comprometerse a proporcionar la información necesaria para hacer posible la Auditoría. Deberán abrirse los datos y garantizarse el acceso a la documentación. Pero la transparencia no debería acabar aquí, es necesario que todo el proceso de auditoría sea transparente; se deben generar las herramientas necesarias de información, control y participación, y se han de difundir continuamente los resultados de la auditoría a fin de facilitar el debate público en torno a los mismos. Ese debate, colectivo y participado por diferentes sectores sociales, deberá servir para consensuar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Finalmente, la propuesta de pagar o dejar de pagar la deuda debería pasar por un referéndum vinculante, a partir de los resultados del proceso de auditoría.
Como PACD, junto con la ciudadanía organizada a través de movimientos sociales o organizaciones afines, asumimos como propia la tarea de difundir información, sensibilizar y formar a la ciudadanía no organizada, sobre la trampa de la deuda y sus implicaciones sociales, políticas, medioambientales y de género. Esta formación es básica para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de auditoría. Generamos debate sobre qué criterios definen qué deudas son ilegítimas, ya que la definición de lo que es legítimo o ilegítimo debe ser también colectiva.
En el proceso, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, aportamos personas con conocimientos técnicos para asesorar en el análisis del origen, proceso y destino del endeudamiento, y ponemos a disposición diferentes herramientas de información y participación. Una de esas herramientas son los Observatorios Ciudadanos Municipales, que están ayudando a diversos grupos locales a abordar las cuentas de sus ayuntamientos (http://ocmunicipal.net). Nos comprometemos a seguir definiendo y dinamizando mecanismos de participación ciudadana, para conseguir cuanta más ciudadanía implicada en el proceso de auditoría posible.
Durante todo el proceso de auditoría, difundimos también los resultados progresivos de la auditoría, y así ampliamos el círculo de personas informadas, el primer paso hacia la participación.
En cualquier caso, el de la Auditoría Ciudadana es un proceso en construcción, que debemos seguir definiendo colectivamente. Las expuestas son tan solo algunas ideas sobre cómo podemos enfocar el proceso.
La auditoría, o es ciudadana, o no es
Una auditoría ciudadana debe ser un mecanismo para apoyar a una población formada y consciente, que tome las riendas de su economía y de sus vidas. Una población que decida cómo desea organizarse, en lugar de delegar esa decisión. Por ello, es importante insistir en la distinción entre «auditoría ciudadana» y «auditoría pública». Una auditoría pública no requiere necesariamente de la intervención de la población. Una auditoría ciudadana es impensable sin ella. Y entendemos que, sin participación de la ciudadanía, la auditoría de la deuda no tiene sentido. No podemos seguir delegando, y debemos ser los ciudadanos y ciudadanas las que abordemos el problema del endeudamiento.
Es importante que el proceso de auditoría nos sirva no sólo para analizar el origen de la deuda o cómo se ha dado el proceso de endeudamiento, sino también a valorar colectivamente las propuestas de solución. Es imposible que entendamos las implicaciones que tiene pagar la deuda de forma acrítica, que consecuencias puede tener un proceso de reestructuración o qué medidas pueden acompañar el impago de la deuda para garantizar su viabilidad, sin un proceso colectivo de formación, análisis y debate. La propuesta de auditoría ciudadana pretende pues abordar también la necesidad de la población de entender y decidir cómo queremos salir de esta situación.
Decidamos entre todas qué deuda consideramos injusto pagar, a través de un proceso de auditoría abierto, horizontal e inclusivo. Un proceso transparente, constante y descentralizado. Un proceso de democracia participativa que nos servirá, en definitiva, para transformar un sistema injusto y contrario a las personas. Porque no debemos, no pagamos.