Publicado en La Directa Núm 344 (8 de Enero de 2014)
Desde los inicios de la recesión económica en 2008, se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo, sin que haya indicios sostenibles de mejora, hasta alcanzar el volumen total de 6 millones de parados. Es decir, un 26% de la población activa. Esto solo debería haber bastado para centrar los esfuerzos de los diferentes gobiernos en políticas de empleabilidad, pero lo único que ha recibido este nombre han sido las diferentes reformas laborales (la ley 35/2010 del 17 de septiembre, el Real Decreto Ley 11/2011 del 26 de Agosto o el Real Decreto 7/2011 del 10 de junio de medidas urgentes para la negociación colectiva) que han ido justo en la dirección contraria de lo razonable para asegurar la creación de empleo; “flexibilizar” las causas de despido, eliminar la limitación al encadenamiento de contratos temporales o debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores frente a las empresas entre otras medidas.
En lugar de centrar sus esfuerzos en el que es uno de los mayores dramas de la crisis actual, nuestros gobernantes han preferido centrar sus esfuerzos en mantener a raya conceptos mucho menos “humanos”, como el déficit o la deuda. Estos esfuerzos únicamente tienen el propósito de imponer toda una serie de medidas políticas de corte neoliberal, enfocadas a la reducción del gasto social y a la merma de derechos de toda la ciudadanía. La crisis de la deuda está siendo utilizada como una oportunidad para, aprovechando el terror de las poblaciones, imponer las reformas que son más beneficiosas para los capitales.
También es curioso observar cómo existe una especie de ceguera parcial a la hora de analizar los datos relativos a los ingresos y gastos del estado. Así, la mayor parte de las medidas tomadas para atajar el endeudamiento han tenido que ver con reducir la parte de gastos, y siempre desde una perspectiva ideológica e interesada; no se recortan duplicidades en gastos o gastos innecesarios, sino que los recortes se producen en sectores como la sanidad o la educación, la congelación de las pensiones, las limitaciones en el subsidio de desempleo «para impulsar la búsqueda activa de trabajo» y un larguísimo etcétera.
Por otra parte vemos como se culpa a las comunidades autónomas o a los municipios de la deuda, extendiendo ese mito a través de los medios de comunicación de masas; «los ayuntamientos están al borde de la quiebra», «la deuda de las comunidades autónomas es insostenible»… De esta forma generan un estado de opinión que permita al estado central la reducción de transferencias hacia estas administraciones y forzarlas a reducir gasto, debido a que estas concentran un gran número de servicios sociales.
Es fácil demostrar lo erróneo de este mito, con datos del propio Banco de España. El porcentaje total de la deuda a 2010 por administración mostraba cómo un 76% correspondía al estado central, mientras que un 18% provenía de las comunidades autónomas y tan sólo un 6% de la deuda correspondía a los municipios. Es decir, en términos relativos, han contribuido en pequeña medida al déficit y a la deuda durante la crisis.
Fuente: Banco de España
Asimismo, hay que destacar que España es uno de los estados con menor gasto público respecto al PIB. Según datos de Eurostat del 2011, su nivel de gasto es del 45,7%, casi cuatro puntos por debajo de la media europea, 49,1%. Muy por debajo del nivel de gasto de otros países como Francia, con un 55,9%, o Dinamarca, con un 57,7%. Por tanto, el argumento de que el gasto público del estado español es excesivo y que por ello hay que aplicar las medidas de austeridad o las reformas penales o laborales que se han venido aplicando desde los inicios de la crisis se cae por su propio peso.
Fuente: Eurostat
Ingresos sobre el PIB 2012
Fuente: Eurostat
El problema no es de gastos, sino de ingresos. La estructura fiscal en España, centrada en impuestos regresivos, ha mantenido infrafinanciado al sector público, no sólo durante la crisis, sino desde los años previos a ella.
¿Qué es lo que se deja de recaudar?
En España existen multitud de mecanismos legales a disposición de las empresas y los grandes capitales para dejar de pagar lo que toca. Y una gran permisividad con respecto a lo ilegal, como demuestra el volumen de economía sumergida, que asciende hasta el 20% o el 25% del Producto Interior Bruto, según el sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda. Un nivel similar al de Grecia o Italia, ampliamente por debajo de la media del 10% de la UE-15.
Fuente: Tax Justice Network
Con respecto a las formas legales de fraude, un primer ejemplo lo encontramos en la gran diferencia que existe entre los gravámenes nominal y efectivo del impuesto de sociedades. En teoría, el 30% de los beneficios de las grandes empresas y el 25% de la pequeña y mediana empresa debería ser recaudado por este impuesto, pero sucesivas “deducciones” y “compensaciones” fiscales acaban permitiendo a las grandes empresas pagar sólo un 10%.
Eso en el caso de las sociedades «convencionales»; pues otro de los mecanismos legales de fraude, las Sociedades de Inversión de Capital Variable o SICAVs, permiten tributar tan sólo un 1% de lo recaudado. Al ser necesarios únicamente cien accionistas para la constitución de estas sociedades -que en la mayor parte de los casos tan sólo ponen su nombre, los llamados «socios de paja»- y necesitar un capital mínimo de 2.400.000 euros, son un mecanismo habitualmente utilizado por las grandes fortunas para evadir impuestos.
Los datos son demoledores; el 71,77% del fraude en España es realizado por las grandes empresas y las grandes fortunas. Sólo el 17’05% corresponde a PYMEs, el 8,59% a autónomos y el 2,59% a fraudes no empresariales. Si no se persigue el pedazo mayor de esa «tarta» es porque no existe voluntad política para hacerlo, como demuestra el hecho de que no se convoquen nuevas plazas para inspectores de hacienda desde hace tres años.
Fuente: Gestha
Para que nos hagamos una idea del volumen de la «tarta» de la que estamos hablando, si se eliminara completamente el fraude de las grandes fortunas, el estado podría recaudar 44.000 millones de euros anuales. Y si tan sólo se redujera al nivel de la media europea, 38.500 millones de euros, suficientes para que no hubiera sido necesario ningún recorte.
Una política fiscal regresiva
La política fiscal en España castiga más a los que menos tienen. Se realiza principalmente a través del IRPF (37%), el IVA (27%), el impuesto de Sociedades (9%) y otras tasas sobre productos como la gasolina, el tabaco y el alcohol (27%). Es decir, en resumen, la ciudadanía en general recolecta el 91% de los impuestos y las empresas tan sólo un 9%.
Fuente: Eurostat
A eso hay que sumar la dualidad existente entre lo que tributan las rentas laborales (hasta un 45%) y lo que pagan de impuestos las rentas del capital (un 19%). Si se tiene el control de una empresa, se puede manejar esa dualidad a placer. Uno puede decidir tener rentas de capital (mediante dividendos, por ejemplo) en lugar de cobrar un salario.
Coincidiendo con el aumento del paro, el porcentaje de ingresos por IRPF ha pasado del 32% al 37% en 2011. Por otra parte, tras las medidas aprobadas por el gobierno del PP, se han aumentado los tipos del IRPF y el IVA (siempre reconocido como el impuesto más injusto, porque grava a todos por igual), castigando aún más de ese modo a la clase trabajadora.
Si comparamos al Estado español con uno de los países de referencia, Suecia, podemos ver la desigualdad existente entre los aportes que realiza la clase más rica y la clase trabajadora. El 1% más rico aporta en España un 20% de lo que aporta en Suecia, mientras que el 99% restante aporta más de un 70%. Esto es fruto de unas políticas que premian a los que más tienen y hacen recaer el peso del Estado sobre la clase trabajadora, tanto a la hora de la recaudación como en la pérdida de derechos y en ataques al Estado del Bienestar.
Conclusiones
Existen alternativas a las políticas de austeridad, como hemos ido adelantando en este artículo. Alternativas que, pese a ser de sobras conocidas, no son tenidas en cuenta por una consistente falta de voluntad política, que solo puede explicarse con la existencia de una clase social que protege desde diversos ámbitos (el político o el empresarial) sus propios intereses.
Podrían aumentarse los impuestos de las SICAVs, o eliminarse las deducciones a las empresas que facturan más de 150 millones de euros. Podría crearse un impuesto sobre transacciones financieras, que aparte de castigar la especulación permitiría ingresar 5.000 millones de euros. O perseguir el fraude hasta mantenerlo en el nivel de Europa (un 10%) para conseguir 38.500 millones de euros más.
Podría hacerse todo esto. Pero no se hace, porque no interesa. El déficit, por lo tanto – cuando se analiza sistemáticamente por el nivel del gasto y no por el de ingresos – se convierte en una excusa, un instrumento más de dominación a disposición de los que más tienen. Frente a este expolio indiscriminado, la única solución que tiene la sociedad civil es la movilización. No únicamente para parar los ataques, que son muchos, sino para dar la vuelta a unas políticas que no son nuevas y que vienen de mucho antes de la crisis.
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la deuda, ofrecemos la herramienta de la Auditoría Ciudadana, que no pretende ser técnica en sus aspectos, sino servir como un espacio participativo de aprendizaje y de solicitud de información. Una de muchas palancas que pueden servir para impulsar el cambio profundo económico, político y social al que aspiramos.
Pero existen muchos otros espacios de cambio, y todos ellos suman; los espacios de lucha sindical, las asambleas de vecinos, las luchas sectoriales, las organizaciones ciudadanas…
Lo que no renta es permanecer quieto. O nos movemos, o nos pasarán por encima.