Publicado en La Marea por Maria Cappa el 10 de octubre de 2013.

 

MADRID // Se entiende por deuda ilegítima toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales. Es decir, aquella que presenta un carácter injusto. Esta, según ha aseverado esta mañana en una rueda de prensa la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), es la esencia de los rescates a la Banca en España. Tal y como han explicado, “la ilegitimidad de las ayudas proporcionadas a la banca emana de los propios mecanismos que originaron el sobreendeudamiento de las entidades financieras y, por ende, la aparente necesidad de que fueran rescatadas con dinero público”.

Desde la PACD han denunciado que Luis de Guindos pretende que la ciudadanía crea que únicamente las medidas de capitalización basadas en inyecciones de capital o el esquema de protección de activos son las únicas que existen, que ascienden a unos 61.000 millones de euros. Sin embargo, han explicado que hay otras realidades que no quieren contar y que están íntimamente ligadas con el rescate, como por ejemplo que “por cada euro que se ha reconocido como perdido hay un riesgo potencial cuarenta veces superior”.

 

En el informe que documenta y argumenta que este rescate es ilegítimo, cifran en 1.427.355 millones de euros la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España. “Para que nos demos cuenta de la magnitud de este importe, pensemos en que con esta cantidad se podrían abonar las pensiones durante algo más de 11 años”.

Sin embargo, desde la PACD han querido dejar claro que esta suma de dinero “no recoge todas las ayudas públicas de las que las entidades bancarias se benefician” ya que “uno de los elementos que más lucra a los bancos es su actuación como prestamistas del Estado”.

Los ciudadanos responden por los avales

Además, este informe constata que dichas ayudas públicas, que se presentaron como imprescindibles, han sido inútiles ya que “únicamente el 6% de ellas se han destinado a la recapitalización”. A la ineficacia del rescate, que no ha contribuido a solucionar la situación del sistema bancario, hay que sumarle lo perjudicial que ha sido para la Administración Pública. Y es que, según los datos facilitados por el Banco Central Europeo, existe una “clara relación entre las ayudas a la banca y el proceso de crecimiento de la deuda pública”.

Al impacto indirecto causado por el transvase de dinero público hacia la banca privada es necesario añadirle “el efecto oculto que supone que el aval implícito que el Estado otorga a los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros por titular”. Es decir, que “somos todos los ciudadanos españoles los que respondemos por ese aval”. Esto supone que, además del riesgo soportado por el Estado, hay más de 800.000 millones de euros en avales que no se contabilizan como deuda púbica ni figuran estadísticamente como riesgo indirecto pero que repercuten directamente sobre las arcas públicas.

Otra de las denuncias que contiene el informe de la PACD es que “nos han intentado convencer de que el importe del rescate lo pagarán las entidades que hayan recibido las ayudas. Esto es absolutamente falso”. Según han afirmado, esta es una ayuda pública a nivel europeo que, finalmente, tendrán que pagar los ciudadanos españoles y, en caso de que no puedan, “los ciudadanos europeos a escote. O sea que nosotros como españoles o nosotros como europeos, seremos quienes abonaremos estas ayudas en cualquier caso”.

Consecuencias sobre los derechos sociales, ambientales y de género

Una de las prioridades de España, junto con la rebaja del déficit, es la reducción de la deuda pública que, en gran medida, ha aumentado por culpa de los rescates bancarios. Estos dos objetivos primordiales han sido la justificación esgrimida desde el Gobierno para implantar las llamadas medidas de austeridad. Y la consecuencia de los recortes que se desprenden de estas medidas de ajuste ha sido un empeoramiento en la calidad de vida de los españoles.

Según han explicado desde la PACD “los recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia alcanzaron cifras en torno al 1,5% el PIB en 2010, aunque el grueso de los recortes tuvieron lugar el año pasado”. Y las principales afectadas de estos recortes en servicios sociales están siendo las mujeres. En primer lugar, el hecho de que las familias asuman los cuidados que hasta hace poco estaban cubiertos por el Estado implica que sean las mujeres las que dejen sus trabajos para sumir esta responsabilidad.

La población femenina también ha sido la que ha soportado en mayor medida el impacto de los recortes. Esto significa que ha aumentado la tasa de desempleo entre las mujeres así como su precariedad laboral. A estas consecuencias hay que sumarles que, entre otras partidas, los recortes hayan afectado a asuntos tan relevantes como las políticas de desigualdad o la lucha contra la violencia de género.

Ecuador, como ejemplo

Por todos estos motivos, la PACD ha propuesto que se elabore una auditoría ciudadana de la deuda. Es el conjunto de la ciudadanía la que tiene que responsabilizarse de ello para lo que se requiere ineludiblemente que la Administración Pública tenga un nivel de transparencia que actualmente no existe. “El modelo sería similar a lo que ocurrió en Ecuador, donde hubo una auditoría ciudadana de la deuda por un lado y una auditoría institucional por otro”.

“Lo que tenemos claro ya es que una gran parte del rescate que han recibido los bancos no se va a pagar”. El siguiente paso, por tanto, consiste en señalar quiénes serán los encargados de abonarla. “Y desde luego que no somos los ciudadanos los que debemos cargar con el pago de una deuda que no hemos adquirido nosotros”. Para ello, la auditoría ciudadana debe esclarecer qué parte concreta de la deuda generada por los rescates bancarios es ilegítima, “que debería ser el 100%”. Una vez se hubiera concretado, “exigimos no pagar la deuda ilegítima que se derive de las ayudas públicas”.

Finalmente, consideran que hay dos opciones. Por un lado, que los bancos rescatados dejen de ser privados y pasen a ser entidades financieras públicas. Por otro, en el caso de que el impago de la deuda derive en quitas como ya sucedió en Grecia, “que sean los accionistas, los directivos y todos aquellos que se han beneficiado con el rescate los que carguen con ella. Y si tienen que perderlo todo, que lo pierdan. Lo que está claro es que los ciudadanos no somos los que tenemos que hacernos cargo“.