Publicado en La Marea por Pablo Martínez el 09 de octubre de 2013.

El pasado 25 de Junio se presentó una moción en el Ayuntamiento de Badalona por parte de ICV-EUiA, a instancias del grupo de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Badalona, que declaraba ilegítima parte de la deuda municipal correspondiente al Plan de Pago a Proveedores de 2012. Dicho plan, impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consiste en la concesión de préstamos a los ayuntamientos para que pudieran hacerse cargo de los pagos retrasados a sus proveedores. Lo que la moción consideraba ilegítimo era el hecho de que dichos préstamos usaran como intermediarias a entidades bancarias. De esta manera, los intereses de los préstamos se elevan a un 5,54%, mientras que los bancos se habían estado financiando con intereses cercanos al 1%.

 

Más de 31 millones de euros fueron concedidos al Ayuntamiento de Badalona de este modo, pero en lugar de concederlos al ayuntamiento directamente, se hizo a través de la banca privada, generando un beneficio para ésta. El texto de la moción instó al consistorio a cuantificar estos intereses y a emprender las acciones legales para declarar nula esta deuda.

 

La moción fue aprobada con los votos a favor de ICV-EUiA, CiU y el PSC, y la abstención del PP, el partido que gobierna el municipio. De esta forma, Badalona ha pasado a convertirse en el primer municipio que declara parte de su deuda ilegítima. A Badalona le han seguido otros municipios como Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès o Barberà del Vallès.

 

A raíz de este hecho, la diputada Laia Ortiz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, presentó el 8 de Julio una serie de preguntas al Gobierno:

¿Cree el Gobierno que el concepto de deuda ilegítima es aplicable parcialmente a la deuda del Estado?

¿Cree que el crecimiento de la deuda española vinculada al aumento exponencial de los intereses de la deuda y los mecanismos de financiación del BCE puede ser considerada deuda ilegítima?

La respuesta llegó el pasado 5 de Septiembre, y es especialmente interesante por tratarse del primer documento en el que se pronuncia sobre el concepto de deuda ilegítima. Comienza citando la reciente reforma constitucional “exprés” y el artículo 135.3 aprobado con los votos a favor de PSOE y PP, que reza lo siguiente: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el gasto de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión“. La respuesta del Gobierno sobre la deuda ilegítima se ampara en ese artículo: “Toda la Deuda del Estado ha sido autorizada por ley, y por ello los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la misma no pueden ser objeto de enmienda o modificación. El concepto de deuda ilegítima, por tanto, no es aplicable a la Deuda del Estado en ningún contexto”.

Es decir, si interpretamos literalmente esta respuesta, para el actual Gobierno del PP, la legitimidad queda anulada por la legalidad. Por tanto, la misma función de la ley, que debería ser una expresión de la voluntad legítima de una población, deja de tener sentido, para convertirse en una referencia de sí misma. La reforma constitucional reciente, con todas las dudas que hay sobre su legitimidad (una reforma hecha con nocturnidad y alevosía, y sin referéndum popular) está por tanto por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Una idea que no debería tomarnos por sorpresa, en un Gobierno como el actual, que lleva más de 40 Decretos-Ley en lo que lleva de mandato, un record en la historia de la democracia. De esta forma han sido capaces de colocar toda la legislación que les ha sido necesaria, sin debates ni enmiendas ni discusión posible. El artículo 86 de la Constitución reserva los Reales Decretos-Ley para causas de “extraordinaria y urgente necesidad”, por ser herramientas legislativas muy poderosas. En un Gobierno en mayoría absoluta como el del PP, no dejan de ser más que una imposición; sólo se necesita la voluntad del Gobierno para hacer valer la nueva ley.

Por tanto, si la opinión del Gobierno es que lo escrito en una ley está por encima del deseo legítimo de una población a la que se supone que representa, y si tenemos en cuenta que el Ejecutivo hace y deshace leyes a golpe de decreto y sin tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía, ¿vivimos realmente en una democracia? ¿No nos estaremos acercando peligrosamente a una dictadura? ¿Qué herramienta se deja a la población para poder expresar su voluntad más que un voto una vez cada cuatro años? ¿Y realmente tiene importancia su voto si su voluntad legítima es considerada de “peor calidad” que un texto legal?

Esta deriva del Gobierno, pese a ser peligrosa, no es nueva. En cada ocasión en la historia en la que se ha tenido que imponer medidas a la población contrarias a su voluntad, se ha hecho valer el poder ejecutivo por encima del resto de poderes. Se trata a la ciudadanía como “menor de edad”, que no sabe lo que verdaderamente “le conviene”. De la misma forma que anteriormente sucedió con los países del Sur durante la crisis de la Deuda en los 80 o actualmente sucede en países como Grecia o Chipre, el Gobierno y las leyes se transforman en enemigos de la población.

*Pablo Martínez es miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda