Artículo publicado por Luis Giménez San Miguel en Público el 11 de Octubre de 2013

La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda presenta un informe en el que explican cómo las ayudas de más de 1,42 billones al sector financiero no han resuelto ningún problema y denuncian que la deuda generada está siendo utilizada para enriquecer a los sectores más pudientes mientras el conjunto de la ciudadanía se empobrece. 

La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha elaborado un documento de análisis con el objetivo de demostrar, recurriendo a los datos oficiales, que el endeudamiento de las Administraciones Públicas, el mismo que está siendo utilizado para justificar la mayor batería de recortes sociales de la historia de la democracia, es fruto de las reiteradas ayudas directas e indirectas que se han dado al sector financiero con tal de salvaguardar sus beneficios y que este trasvase de rentas, de los bolsillos de los ciudadanos al de los bancos, es «ilegítimo».

Desde los movimientos sociales contra austeridad, donde nace este colectivo coordinado en todo el país, quieren ahora llevar a los ciudadanos lo que el Gobierno les oculta: que el dinero público regalado a las entidades financieras es mayor que el que suelen aducir y que existe una alternativa política y económica, esto es, realizar una auditoría ciudadana «abierta a todos» para determinar qué parte de la deuda ha sido contraída para enriquecer al sector bancario a costa de empobrecer a la mayoría. Esta es la deuda «ilegítima». Y esa, no se paga.

«Se ha escondido a la ciudadanía qué está pasando realmente. Los datos oficiales nos muestran una realidad más compleja que la que narra el PP. Y, además del análisis, nosotros tenemos una propuesta política alternativa». Así lo ha afirmado Carlos Sánchez en la presentación del informe este jueves en Madrid, una de las actividades de la Semana de la Deuda que ha preparado este colectivo. Allí los portavoces de la Plataforma han explicado los mecanismos por los que se han llevado a cabo los rescates a la banca, muy similares a los utilizados en Estados Unidos pero con «particularidades» a la española. Y es que no ha habido «un rescate», ni un solo modelo de rescate, si no que se han activado diversas medidas que podrían definirse todas ellas como rescates: ayudas del Estado al sector financiero nacional, bancos y cajas de ahorro; los préstamos concedidos en ventajosas condiciones por el Banco Central Europeo a las entidades de crédito; y también el rescate que la Troika ha otorgado al Estado español. Así, los rescates españoles se materializan en dos tipos de instrumentos: medidas de capitalización y medidas de liquidez. En total, 1.427.355 euros, el 100% del PIB.

«La deuda es ilegítima porque vulnera los derechos de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría»

Según recoge la Plataforma en el documento, las medidas articuladas no han abordado el verdadero drama de los bancos: «no tienen patrimonio neto suficiente para asumir las ingentes pérdidas derivadas de las fallidas inversiones de la última década». Y, por eso, «hay que concluir que las disparatadas ayudas públicas al sistema financiero han sido inútiles, dado que únicamente un 6% de ellas se han destinado a la recapitalización, mientras que el resto de instrumentos para proporcionar liquidez únicamente han pretendido ganar tiempo».

Gran parte de la deuda generada de esta forma habría de ser considerada ilegítima, entiende la Plataforma, puesto que «vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría». Esta definición de la ilegitimidad de la deuda es independiente de la organización política, haya sido adquirida en un régimen formalmente democrático o una dictadura, puesto que tiene «un carácter injusto y moralmente ilegítimo» al generar desigualdades e ir contra el bien común. Así, habría que incluir en esta deuda ilegítima todas las ayudas directas que han supuesto una transferencia de recursos públicos desde cualquier administración pública, todas las ayudas indirectas realizadas al sistema financiero español que comprometen recursos públicos futuros y, también, las ayudas derivadas de un trato de favor, por parte de las administraciones, por el cual las entidades obtienen algún tipo de beneficio económico ajeno a su actividad. Y, como ha recordado Carlos Sánchez, «es también ilegítima porque se ha llevado a cabo sin transparencia».

Para revertir esta situación, desde la PACD proponen una auditoría ciudadana «como un mecanismo al alcance de toda población para analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de nuestro país, así como el impacto de esta política sobre la población». Más allá, este movimiento tiene la aspiración de promover un cambio del modelo económico y social, para el cual la auditoría sería sólo un primer paso en esta dirección. Guiomar Morales, otra de las portavoces de la Plataforma, ha puesto como ejemplo los procesos que han tenido lugar en América Latina, especialmente el ecuatoriano, donde hubo una auditoría institucional y otra, paralela, ciudadana. Finalmente, el Gobierno de Correa, con el respaldo de los movimientos sociales, declaró nula una gran parte de la deuda que tenía con las grandes entidades internacionales. Porque, al final, «esta deuda no se puede pagar y no se va a pagar», ha aseverado Sánchez, «lo que hay que ver ahora es sobre quién recaen los costes».