Con unos intereses de la deuda pública que rondan los 40.000 millones de euros al año, a lo que hay que añadir para el 2013 el coste de los más de 57.000 millones de nueva emisión y los 141.000 millones de renovación de deuda que tiene vencimiento este año, solo cabe esperar un ciclo vicioso de más endeudamiento, más sufrimiento, deterioro de los servicios públicos, pérdida de prestaciones y privatización del patrimonio público.
Si los gobiernos hubieran financiado su actividad a los mismos intereses que la banca ha pagado al Banco Central Europeo (BCE) desde 2000, hoy la deuda pública sería inferior al 60% del PIB; y aún sería menor si no hubieran bajado los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas durante los años de bonanza y el fraude fiscal no alcanzara la escandalosa cifra del 8% del PIB. No es sólo por el despilfarro en «aeropuertos sin aviones» y otros tantos lujos inútiles, que también, sino que buena parte de la deuda se origina por rebajas fiscales de quienes, después, han prestado a la Administración lo que no pagaron en impuestos o recibieron en ayudas. Y no es justo que tanto privilegio lo pague ahora la ciudadanía.
Además, unos 240.000 millones de deuda y avales públicos proceden del saneamiento y rescate bancario (algunos en procesos judiciales o con acusaciones de fraude y gestión negligente) y la Troika impone programas de austeridad con el único objetivo de que los inversores puedan recuperar el dinero prestado al Estado, dedicando menos impuestos al gasto social, y para que las empresas con negocios fallidos puedan devolver los créditos recibidos en los años del boom, bajando salarios y precarizando las relaciones laborales. Todo bajo el amparo de la ley por los gobiernos de turno, pero es inmoral y suicida arrastrar al paro y la pobreza a un país para cobrar el dinero prestado.
Constreñidos por la negativa del BCE a prestar a los Estados, se nos ofrece como inevitable una decisión que viene muy bien a los prestamistas, pero muy mal a los que viven de su salario o su pensión y son beneficiarios de los servicios públicos. Además, la reestructuración de la deuda y las quitas son prácticas reconocidas en la legislación internacional, por lo que su renuncia en la Constitución es una cláusula leonina e ilegítima forzada por nuestros acreedores. Con ella se vulneran convenios internacionales suscritos por el Estado español, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que califica los bienes básicos de la ciudadanía -salud, educación, alimento, seguridad económica y vivienda- como derechos universales e inalienables y, por tanto, de obligada tutela por los Estados, por encima de otros derechos de interés secundario o de grupo.
Ante esta situación, cada vez se oyen más voces que reclaman una moratoria, reestructuración o condonación de parte de la deuda financiera y de sus intereses. La realidad es tozuda y acabará por imponerse. La Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) está recogiendo datos que ponen de manifiesto que existe deuda ilegítima que no deben pagar los contribuyentes, y una opacidad en las cuentas que vulnera la obligación de transparencia e información pública, por lo que se reclama la realización de auditorias independientes bajo control ciudadano en todas las administraciones públicas.
Con ese objetivo, la PACD del País Valenciano está presentando mociones en los ayuntamientos (en Alicante se hizo el día 9 de marzo) para que se pronuncien sobre una moratoria del pago de la deuda financiera de las administraciones públicas y la realización de auditorías bajo control ciudadano, para depurar aquella que sea reconocida como ilegítima y proceder a su quita y depuración de responsabilidades a las partes que la contrajeron. La moción va dirigida en doble dirección: para que los ayuntamientos exijan que no se reduzca la financiación de los servicios a la Comunidad por culpa de la deuda financiera de las demás administraciones; y para que los ayuntamientos se sometan a la misma medicina de auditoría.
Ante un escenario en el que se suceden los casos de corrupción y fraude fiscal, recuperar la confianza de la ciudadanía con sus representantes en las instituciones políticas es ya un propósito que exige facilitar la información, participación y control de las cuentas públicas directamente por los contribuyentes. Si se exige al presidente de cualquier comunidad de propietarios por sus copropietarios, no se entiende lo complicado que resulta conocer al detalle en qué, cómo y por qué gasta o ingresa el Ayuntamiento de Alicante. Y no se trata del presupuesto inicial, sino del de liquidación y balance patrimonial.
Con lo fácil que es subir datos a la red, no hay razón de Estado para que la alcaldesa Sonia Castedo no facilite el acceso de la ciudadanía a contratos, facturas y datos detallados que expliquen por qué debe el Ayuntamiento 174 millones y la urgencia del pago de 31 millones de amortización e intereses el 2013, o para que no se pueda autorizar una auditoría participada por las organizaciones cívicas de la ciudad. Tiene una oportunidad aprobando la moción presentada por la PACD con el respaldo de más de 10 asociaciones alicantinas.
por Clemente Hernández
publicado el 15.03.2013 en Diario Información
publicado el 15.03.2013 en Diario Información