#Nodebemos#Nopagamos. Bajo este lema ha echado a andar la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) con el objetivo de analizar la política de endeudamiento llevada a cabo por el Gobierno. Los colectivos que integran esta plataforma reclaman una auditoría, ya que consideran que el problema de sobre-endeudamiento que tiene España no ha sido generado sólo por el Estado, sino «en mucha mayor medida por el sector privado».

La deuda total de nuestro país asciende en torno al 400% del Producto Interior Bruto. La deuda del sector público (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos) representa el 80% del PIB, un 132% corresponde a las empresas no financieras y un 81% del PIB a los hogares, según los datos de 2012 del Banco de España.

La deuda de las entidades financieras rondaría el 100% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque los parámetros utilizados en este caso no son similares a los de las familias y al resto de empresas. Por lo tanto, en España, la deuda privada es bastante más abultada que la pública, según denuncian desde la Plataforma.

De hecho, la deuda pública española es inferior a la media de la UE, donde el promedio se encuentra en el 83%. En la actualidad, la deuda de nuestro país está por debajo de la de Alemania, situada en el 81% y bastante por detrás de la de Grecia, que representa el 180% del PIB. Sin embargo, esta situación puede empeorar en 2013 cuando la deuda española alcance el 90,5% del PIB y supere así la media europea, según el anteproyecto de ley de los presupuestos.

Partiendo de estas premisas, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, integrada por colectivos como el 15-M, Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras o ATTAC, considera que es indispensable saber qué se esconde tras la deuda y donde se invierte ese dinero: «No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas. Es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público», aseguran.

‘Viviendo en deudocracia’

La iniciativa surgió a raíz del encuentro internacional ‘Viviendo en Deudocracia’, celebrado en octubre de 2011 en Madrid, organizado por la Red Quién debe a Quién, donde se acordó sacar adelante la propuesta y extenderla por todo el país. La Plataforma estará así presente en las próximas movilizaciones del 15-M con el fin de denunciar «la ilegitimidad del pago de la deuda», así como las políticas de austeridad que se están instaurando en su nombre.

«La deuda pública ha pasado del 36% en 2007 al casi 80% de la actualidad. El Estado se está endeudando para conseguir recursos con los que rescatar a la banca y a la élite empresarial, que dicen no poder pagar sus propias deudas. De esta manera, la deuda privada se convierte en pública y la debemos pagar todos, cuando no nos hemos beneficiado de ella», asegura Guiomar Morales, economista y miembro de la Plataforma.

Según Morales, a todo ello hay que sumar que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero a bancos a intereses muy bajos (1%), un dinero que ellos invierten en comprar deuda pública a intereses del 5%. «Por tanto, en plena crisis, los bancos siguen obteniendo beneficios gracias al endeudamiento y la liquidez que inyecta el BCE no revierte en crédito a los ciudadanos», declara Morales.

La iniciativa de auditar la deuda externa no es nueva y se ha puesto en marcha en países como Brasil y Ecuador. La deuda en Ecuador alcanzaba 17.000 millones de dólares en 2006, casi el 61% del PIB. Ese año, el país latinoamericano empleaba el 200% de los ingresos fiscales petroleros para pagar los intereses de la deuda.

Cuando llegó al poder Rafael Correa, creó la ‘comisión para la auditoría integral del crédito público’ con el fin de identificar lo que consideraba como «deudas ilegítimas». El presidente ecuatoriano decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población, logró reestructurar parte de ella y readquirió títulos de deuda a un valor inferior al que tenían. Tras todos estos pasos y duras negociaciones, Ecuador logró ahorrar casi 7.000 millones de dólares.

Aparte del caso de Ecuador, desde la Plataforma también miran el ejemplo de Islandia, donde el Gobierno no empleó ni una corona de los contribuyentes en los bancos. En el año 2008, Islandia dejó caer a tres grandes bancos, renegoció la deuda con los acreedores (Alemania, Reino Unido y Holanda) y permitió que tomaran el control de las entidades. No obstante, se calcula que los acreedores de la deuda sufrieron una quita del 70%.

Más próximo todavía tenemos el caso de Grecia. El país heleno tiene actualmente una deuda pública que roza el 180% de su PIB y se pretende que llegue a 2020 con un ratio del 124%.

Ante la imposibilidad de que el país heleno pueda hacer frente a una deuda tan abultada por muchos recortes que emprenda, el Eurogrupo y el FMI han puesto en marcha herramientas para ‘perdonar’ a Grecia 40.000 millones de euros, entre ellas, la de reducir en 100 puntos básicos (desde los 150 actuales hasta 50) los intereses que cobran los países del euro a Grecia por los préstamos bilaterales del primer rescate.

¿Qué pasará con España? ¿Serán suficientes los recortes para pagar la deuda? La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda considera que «se está imponiendo un régimen económico llamado deudocracia en el que las exigencias de los acreedores están por encima de la población». «Es injusto que los ciudadanos tengan que cargar con las ayudas a los bancos, sufrir los recortes y las privatizaciones para pagar una deuda que ellos no han generado», asevera Pablo Campo, otro miembro de la Plataforma.

España ya pagó este año 28.848 millones de euros de intereses y subirán a 38.595 millones de euros en 2013, lo que supone un 33,8% más. Campo denuncia además la manera en la que, a su juicio, la deuda privada se transformó en pública y censura la reforma de la Constitución que realizó, en agosto de 2011, el Gobierno de Zapatero tras un pacto con el PP sin convocar un referéndum. El artículo 135.3 que se incluyó reza así: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta».

Desde la Plataforma critican que la reforma de la Constitución haya supuesto que «el pago de la deuda pública tenga prioridad absoluta sobre el resto de los gastos públicos, como la sanidad y la educación». «En nombre de la deuda se están aplicando políticas de austeridad basadas en continuos recortes sociales que no son más que la excusa para traspasar fondos públicos a manos privadas. O sea, un desfalco de recursos públicos», denuncian.