Esta deuda es una consecuencia de la crisis y no su causa. Su pago es la justificación que se está utilizando para recaudar de forma injusta, por medio de los impuestos indirectos (aquellos que no tienen relación con el nivel de ingresos) o los copagos, y disminuir gastos públicos destinados a servicios de primera necesidad (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia), y prestaciones para las que ya se había cotizado (las pensiones y el desempleo). Pero también sirve para justificar la privatización de los servicios públicos, diciendo falsamente que es para abaratarlos y mejorar su gestión cuando el objetivo real es hacerlos funcionar según las necesidades de beneficio de grandes empresas y entidades privadas.

Todas estas medidas y recortes son ideológicos, ya que en realidad no vienen dictados por la contención del déficit ni por la recuperación de la economía. De hecho, no se están generando recursos productivos reales sino destruyendo pequeñas y medianas empresas y se sigue dando contratos selectivos basados en prácticas corruptas. Y se sabe que todas estas medidas de los gobiernos y de la Troika son perjudiciales para la actividad económica, tal como ha reconocido el mismo FMI. De hecho, tras 3 años de recortes, el gasto público ha aumentado (fundamentalmente por el rescate a los bancos y por la destrucción de empleo), el déficit del Estado no se ha reducido de forma significativa, y la deuda pública ha crecido del 62% en 2010 al 92% en 2013. Aplicando políticas similares, algo parecido ha ocurrido en Grecia y Portugal. Esta «contención del déficit» solo lleva a la parálisis económica y a que unos pocos acumulen cantidades ingentes de dinero.

Un aspecto de estas políticas de «contención del déficit» son los recortes a los que se obliga a las autonomías y a los ayuntamientos. Aunque la deuda pública es fundamentalmente del Estado central, son los ayuntamientos, junto con la Generalitat las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los que padecen recortes en sus presupuestos y ven su economía fuertemente controlada y ahogada por la Administración central y la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución. Además, junto a la «contención» del déficit, el Gobierno central, en la propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local una nueva medida ideológica autoritaria, pretende suprimir la autonomía municipal así como sus competencias en sanidad y educación. Es un ataque directo a la ciudadanía. La injusticia de estas medidas gubernamentales es un criterio básico y decisivo para desobedecerlas.

La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del País Valencià (PACD-PV) se planteó en noviembre de 2012 iniciar una campaña que permitiera visualizar el rechazo a las políticas dictadas por el Gobierno central y al ahogamiento que padecen las administraciones locales y periféricas. La idea surgió a partir de la aprobación de una moción municipal en El Pinós (Vinalopó Mitjà) contra la privatización de la sanidad y la solicitud de la auditoría de las cuentas de la Conselleria de Sanitat.

La PACD-PV elaboró mociones municipales por la paralización del pago y auditoría ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la derogación de la reforma del artículo 135 la Constitución. Esta moción fue presentada el mes de marzo de 2013 en Alacant, Alcoi y Muro. Fue aprobada en estos 2 últimos, y allí votaron a favor grupos municipales de Compromís, PSOE, PP y EU. Sin embargo, Alacant, en bancarrota y con una deuda financiera de más de 200 millones, en su mayoría de naturaleza ilegítima, rechazó la moción. Posteriormente se han presentado en València, Petrer, Dénia, Picassent, Alcúdia, Sagunt, Godella i Foios. En todos estos casos, los gobiernos del PP, junto con la abstención o el voto a su favor del PSOE, han rechazado identificar la deuda ilegítima y defender el municipio contra el Gobierno central y el artículo 135 de la Constitución. En el mes de abril, las mociones se presentaron en el Principat de Catalunya: en Vic, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallés y Molins de Rei. En estos 4 últimos, la moción fue aprobada, y estos municipios declararon ilegítimo el pago de los intereses de los préstamos concedidos por bancos privados al 5,5%, cuando estos han obtenido el dinero a menos del 1%. Votaron a favor partidos como CiU, PSC, ICV, ERC y CUP, y en Badalona se contó con la abstención del PP. En Sant Vicent del Raspeig, el PP ha bloqueado la posibilidad del debate.
Una lección que podemos aprender es que los municipios pueden manifestar su enfrentamiento a la «contención del déficit», a la tiranía de la deuda y a las maniobras de la Administración central, así como defender los servicios que dan a la ciudadanía. Las mociones propiciadas por la Plataforma son una herramienta para ello. Por otra parte, frente a la actuaciones de sus direcciones, concejales de partidos como el PSOE, CiU o el PP, en algunos de los municipios citados, se han declarado en contra del pago de la deuda ilegítima y de la reforma de la Constitución.

La deuda es impagable y en su mayoría es ilegítima. Para liberar unos recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población hay que dejar de pagar su parte ilegítima. Un posicionamiento desde abajo puede acabar en un rechazo a este pago por parte de unos gobiernos (municipales, de la Generalitat y del Estado) que se pongan al servicio de la gente trabajadora y de la ciudadanía. La paralización del pago de una deuda ilegítima ocurrió en Ecuador en 2007 y en Alemania en 1945. Ecuador y Alemania salieron de la crisis de la deuda.

(*): Firman también este artículo Manuela López y Fernando Paton, en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià