A principios de agosto de este año, el FMI hizo público su último informe sobre la economía española, donde se destacaba el «progreso sustancial» de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy -siguiendo las recomendaciones del FMI hasta el momento- y se señalaban los «deberes» que quedaban por hacer. Entre estos últimos, se incluían: la reforma de las pensiones, el ajuste del déficit fiscal a través de un aumento aún mayor de los impuestos indirectos (IVA) y los descuentos fiscales para empresas, así como una revisión (a la baja) de los gastos en sanidad y educación y, por último, una profundización en la reforma laboral, acompañada «por un compromiso de los empresarios para contratar más trabajadores a cambio de que los sindicatos acepten las reducciones salariales». En este último aspecto, concretamente, se recomendaba una reducción de los salarios en un 10% en dos años, juntamente con las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social. En este escenario de «contención salarial», el FMI añade que «podría ser necesaria una reforma más profunda de los convenios colectivos, por ejemplo, más liberalización de la negociación colectiva o un sistema totalmente descentralizado».

Para el FMI, esta profundización del «largo y difícil» ajuste que, según la institución, necesita el Estado español, llevará a un 18% de «desempleo estructural» en 2023, un escenario en el cual las familias continuarán perdiendo poder adquisitivo y capacidad de ahorro (un eufemismo para decir que aumentará el empobrecimiento y la exclusión social). La deuda pública se mantendrá por encima del 100% del PIB al menos hasta 2018. En cambio, aumentará la competitividad, las exportaciones crecerán -cosa que mejorará la balanza comercial- y probablemete se producirá un escenario de un leve crecimiento económico.

Más allá de cuestionar las recetas y los escenarios que el FMI prevee como objetivo, a continuación, nos proponemos entender cómo funciona esta entidad, que constituye una de las puntas de lanza del nuevo envite neoliberal que sufrimos.

En la aplicación del llamado artículo IV, el personal del FMI emite, generalmente de manera anual, un informe sobre la situación económica de sus 188 estados miembros. Además, las reuniones anuales (en octubre) y de primavera (en abril) del organismo sirven de altavoz para publicar informes más generalistas o sectoriales, en los que se aprovecha para hacer «recomendaciones» a países determinados. Finalmente, aquellos países que hayan recibido apoyo financiero del FMI (una línea de crédito o una cancelación de la deuda) o de alguna otra institución que haya delegado las funciones de monitoreo al fondo también estarán sometidos a informes frecuentes sobre el progreso en el marco de estos programas. En el caso español, el memorándum firmado en julio de 2012 con la Unión Europea para rescatar a la banca, se atribuye al FMI el seguimiento de la implementación de las medidas acordadas con Europa a cambio del rescate. Además, la dirección y el personal del fondo aprovechan visitas, reuniones, conferencias y cumbres para ir lanzando consignas. La opinión del FMI no es ley, ya que estos informes no dejan de ser evaluaciones y recomendaciones, pero el hecho de no seguir estas recomendaciones puede tener consecuencias.

Creado en 1945 para velar por la estabilidad monetaria y financiera a escala global, la principal función del FMI es ofrecer asistencia financiera a los países con problemas en la balanza comercial. Es decir, los que no puedan pagar todo lo que deben, pueden acudir al fondo y pedir alguna de las líneas de crédito que ofrece la institución. El crédito del FMI siempre va acompañado de un pliego de condiciones que el país beneficiario ha de cumplir si se quiere que se vayan desembolsando los diferentes tramos del crédito. Según el FMI, estas condiciones se deciden de acuerdo con el país que pide la ayuda, pero en la práctica, si las condiciones acordadas no están en la línea que pide el fondo, el crédito será denegado.

Además, durante casi dos décadas, alrededor de cuarenta países empobrecidos y altamente endeudados han sido beneficiarios de las iniciativas de alivio de deuda. Es decir, El FMI, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales y los gobiernos acreedores les han cancelado una parte de la deuda a cambio de someterse a un Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza monitoreado por el fondo. Estos programas funcionan bajo la misma lógica que los créditos: si los países no cumplen con las condiciones pactadas en el programa (es decir, dictadas por el fondo), la cancelación de deuda prometida no se hace realidad.

Las privatizaciones, la liberalización financiera, la eliminación de subsidios, la reducción de salarios del funcionariado público o los recortes en sanidad y en educación en pro del control del déficit, entre muchas otras, son algunas de las medidas que se han impuesto a países como Mali, Haití, Camerún, Tanzania o Bangla Desh, a cambio del perdón de parte de la deuda. En países como Mali, Malawi o Haití, la eliminación de los subsidios al algodón, a los fertilizantes o al arroz, respectivamente, y la obligación de abrir los mercados y privatizar las empresas públicas agrícolas han supuesto, no únicamente la ruina para millones de campesinos, sino también una grave amenaza a la soberanía y la seguridad alimentarias de sus poblaciones. Una vez completado el programa pactado con el FMI en 2006, Malawi reintrodujo los subsidios agrícolas, cosa que permitió aumentar la producción de maíz y superar la situación de crisis alimentaria a la que el fondo había condenado a todo el país.

Además de obligar a adaptar una política económica neoliberal, hecho que perpetúa la relación de dependencia que sufren estos países, los programas de alivio de deuda se han revelado totalmente ineficientes e insuficientes para cumplir con su objetivo explícito, es decir, llevar a la deuda a niveles sostenibles a largo plazo. Los países, después de recibir cancelaciones parciales de la deuda, continúan acudiendo al crédito como principal manera de obtener recursos (en muchos casos, créditos al mismo FMI) y se ven abocados a nuevos ciclos de sobre-endeudamiento. El mismo sistema los hace adictos al crédito del FMI y, por lo tanto, de sus medidas. Según un informe reciente publicado por la Jubilee Debt Campaign, los países que han recibido cancelaciones de deuda bajo estas iniciativas, como Etiopía, Mozambique o Níger, pueden llegar a tener -en pocos años- unos niveles de endeudamiento público muy superiores a los que tenían antes de recibir las cancelaciones.

Con el estallido de la crisis de la deuda en la década de los 80 en América Latina, el FMI fue rescatado del olvido en el que había caído durante la década de los 70 a raíz de la ruptura del patrón oro por parte de los Estados Unidos. Los países ricos encargaron el diseño de la salida de la crisis al FMI y al Banco Munidal y la receta diseñada es la misma que, 30 años más tarde, continúan imponiendo en todo el mundo. De manera simplificada, la receta consistía, y consiste, en la mejora de la competitividad, devaluando la moneda y /o rediseñando la estructura productiva y laboral del país hacia la exportación, liberalización de la cuenta de del capital y el sector financiero, la obligación de establecer el equilibrio presupuestario con un estricto control salarial, la eliminación de subsidios, la reforma de las pensiones y la privatización de empresas y servicios públicos.

Las recetas del FMI no sólo han generado más endeudamiento en todas partes, sino que han provocado crisis sociales y humanitarias. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los planes de ajuste promovidos por el FMI «han tenido impacto especialmente severo en los más pobres y en otros grupos socialmente vulnerables». Entre 1980 y 1990, el número de personas que vivían por debajo del umbral del la pobreza en América Latina aumentó de 144 a 211 millones. Pero, además, el crecimiento económico per capita en esta misma región fue negativo (-0,5%) entre 1980 y 2000 por el impacto de los programas de ajustes estructurales.

Con este historial, en la conferencia de Londres del G-20 de 2009, el FMI es escogido para promover las medidas necesarias para afrontar la crisis financiera, por lo que se triplicaron los recursos, hasta un billón de dólares. De esta manera, se rescataba al FMI, que a lo largo de los últimos años había ido perdiendo no sólo legitimidad, sino también clientela. Sus continuados fracasos y las duras medidas impuestas sobre sus clientes llevaron a numerosos países a aprovechar la época de bonanza económica (incremento de las reservas por el aumento del precio de las materias primas) para pagar por adelantado las deudas con el FMI y declarar, de ese modo, su independencia financiera de esta institución. De setecientos mil millones de dólares en cartera de préstamos en 2003, el FMI había pasado a tener sólo dieciséis mil millones en 2007. Esto abocaba al organismo a un grave problema presupuestario. Pero la crisis económica salvó al fondo de la ruina. El 31 de agosto de 2013, el FMI tenía una cartera de préstamos de 266 mil millones de dólares.

Con la caída de Islandia, el FMI desembarcó en Europa. Después vinieron el primer y el segundo préstamos a Grecia (2010 y 2012), juntamente con los préstamos a Irlanda y Portugal (en estos tres casos, concedidos conjuntamente con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, la llamada troica), pero también los menos conocidos casos de Hungría, Letonia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina y Serbia.

De todos ellos, el caso griego es el más ejemplar del fracaso del modelo. Después de tres años de privatizaciones, recortes y reformas draconianas, la deuda del país se ha situado en la cifra récord del 176% del PIB; el PIB ha retorcedido un 25% desde 2007; el desempleo ha aumentado hasta alrededor del 27% (un 57% las personas jóvenes), y casi la mitad de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Las consecuencias son claras, hasta para el relator especial de las Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos, que en mayo de 2013 declaró que las condiciones de los rescates de la troica a Grecia estaban violando los derechos humanos.

En su evaluación del programa para Grecia aprobado en 2010, el FMI sorprendió reconociendo que las medidas de austeridad habían ido demasiado lejos, lastrando la capacidad de la economía griega de recuperarse (con todo, el organismo omitía los impactos de las medidas aplicadas sobre el bienestar de la población). A pesar de estas revelaciones, ni el FMI ni la Comisión Europea ni el BCE han reducido la presión sobre el gobierno griego.

Lo cierto es que, a pesar de un cierto cambio de retórica del FMI, esta institución continúa imponiendo medidas de austeridad en todo el mundo. El organismo afirma que su política ha cambiado y que sigue, al menos en los países con menos ingresos, una política de protección de las personas más vulnerables y de reducción de la pobreza. Pero, desde la misma institución, se admite que se siguen aplicando medidas como las reducciones de subsidios, los aumentos de tarifas de bienes y servicios básicos o las recomendaciones fiscales, que tienen impactos sociales sobre la población más empobrecida. Además, el FMI sigue defendiendo a ultranza el modelo de mercado a través de las privatizaciones y de la liberalización de sectores como el financiero o el comercial. Un estudio publicado recientemente demuestra que, desde 2010, más de 100 países han recortado subsidios en carburantes, agricultura y alimentación; 98 países han recortado sueldos o han impuesto límites salariales; 80 países han reducido las redes de protección; 86 países han promovido reformas de pensiones, y 32 países han adoptado medidas de flexibilización laboral. Todos tenían en común que las medidas habían sido recomendadas por el FMI.