En un momento histórico en que los políticos-banqueros han abocado a más de un 30% de la ciudadanía española a la pobreza, dejando a otro 40% en situación de empobrecimiento constante, jueces y fiscales se afanan dictando sentencias que prueban sus delitos.
Cuando la connivencia con la corrupción política y fiscal premia al gangster Carlos Fabra con un sillón en el Consejo de Administración del Puerto de Castellón y sus amigos de la Cámara de Comercio de la misma ciudad legitiman su permanencia en la Secretaría General.
