Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad…

¿Todo por la deuda?

Estamos en crisis y no existe otro discurso para salir de ella que el de recortar y continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El motivo de tal austeridad, según apunta el discurso dominante, es el alto nivel de endeudamiento del Estado español, motivo que comparte con el resto de países de “segunda” de la zona euro.

Hemos visto, durante estos años de crisis, cómo las agendas de nuestros políticos estaban repletas de reuniones y más reuniones; cómo los dirigentes europeos declaraban la urgencia de crear medidas de estabilidad del euro; cómo se llamaba al orden a ciertos países y cómo la presión político-mediática legitimaba continuos gestos antidemocráticos como la imposición de gobiernos tecnócratas no elegidos democráticamente (golpes de estado en Grecia e Italia) o nuestra reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.

Así pues, el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes sin poder opinar o participar. Una deuda apuntada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, por constitución, a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.

Frente a todo esto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad que esconde la deuda? Para descifrarlo, hagamos un repaso de la historia de la deuda y veamos cómo se acabó imponiendo este régimen económico llamado Deudocracia.