La magnitud de la crisis y los tremendos recortes sociales con las dramáticas condiciones de vida que están provocando para el 99%, contrastan terriblemente con la impunidad con la que se está librando el restante 1% de responsabilidades políticas y jurídicas por su mala gestión y virtual corrupción: apropiación en forma de indemnizaciones, contratos blindados y planes de pensiones multimillonarios son privilegios ilegítimos que se han otorgado los mismos máximos gestores al mando, tanto antes de la crisis como ahora.
Esta minoría de alt@s ejecutiv@s transfiere las pérdidas, consecuencia de su inmensa codicia e incompetencia, a la mayoría de la sociedad, a la que primeramente engañaron y luego estafaron. Este trasvase de pérdidas provoca el enorme endeudamiento del estado y l@s polític@s, fieles a los ideales ultraliberales, dan prioridad a la disminución de la deuda sobre el bienestar y la seguridad de la ciudadanía; mientras tanto, grandes corporaciones y/o fondos de inversión planean hacerse rápidamente con lo que todavía figura entre las propiedades comunes que poseen los estados: la sanidad, la educación, el agua corriente, las pensiones públicas, pronto serán privatizadas.
Auditar la deuda es conocer qué deudas se están pagando y a quiénes se están pagando. Auditar la deuda también es decidir qué partes se dejan de pagar porque se consideran ilegítimas. Pagar una deuda adquirida finalmente por pequeños ahorradores y pensionistas no tiene nada que ver con una deuda en manos de grandes emporios financieros y empresas con beneficios, ni con una deuda en manos de grandes fortunas y accionistas, fondos buitre, de pensiones o simplemente especulativos: ¡abramos los libros para auditar la deuda, sepamos qué ha pasado realmente!
Exigimos la formación de un tribunal especial ciudadano con la finalidad de conocer y hacer público todo lo ocurrido en la gestión de Bankia al menos en los últimos 10 años; que proponga el procesamiento y encarcelamiento preventivo de todos los responsables máximos de la dirección de Bankia; que adopte además medidas urgentes necesarias para evitar la ocultación y evasión de pruebas y dinero, actuando de inmediato sobre el patrimonio de los implicados.
Asimismo, consideramos que el control estatal de la entidad es un paso importante para la formación de una Banca Pública, que recupere y dé paso a una gestión financiera desde los intereses del conjunto de los ciudadanos: es necesario desarticular el monopolio bancario privado, al servicio de unas élites que hunden rápidamente a más de un tercio de la población en la desesperación y la miseria, al tiempo que su ya escandaloso nivel de vida continúa mejorando.
El coste de las pérdidas bancarias y de los activos tóxicos, inmobiliarios y de suelo en su gran mayoría, debe recaer sobre el patrimonio de los grandes accionistas y de los gestores, nunca sobre las espaldas de la población, tal y como lo están haciendo hasta ahora, socializando las pérdidas allá donde se producen y manteniendo los beneficios, bien apartados de la sociedad, en manos de unos pocos.
Para ello, deben darse a conocer todos los datos contables y todas las actas de reuniones de dirección de la entidad. Sepamos qué ha pasado realmente. ¡Abramos los libros, hagámoslos públicos en su totalidad!, impidamos que el gobierno del PP deje nuestro futuro en manos de aquellos que provocaron la catástrofe, sin explicaciones ni responsables, sin preguntarnos.
¡No pagaremos sus deudas ilegítimas!
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda – País Valenciano (PACD-PV)
@AuditoriaVLC
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