Artículo publicado en el levante y en el diario información

En la sesión de las Corts Valencianes del 29 de octubre de 2015 se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Saludamos la iniciativa.

¿Por qué? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con más de 40.000 millones de euros de deuda, el 40% de su producto interior bruto anual, más de 8.000 € de deuda por valenciana. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 millones de euros) y, por tanto, también la de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de cómo se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir qué hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, por un lado, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. Recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica (de 1000 millones anuales) como por una reducción de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencias se debe, en gran medida, a la debilidad recaudatoria de las agencias tributarias causada, en primer lugar, por la decisión política de los diferentes gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios, una política fiscal  secundada, a su vez, por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio). Y, en segundo lugar, por la falta de persecución del fraude fiscal. A esta debilidad recaudatoria se sumó el aumento de la deuda pública derivado del rescate de la deuda privada de bancos y grandes empresas. Como consecuencia de ello, la Generalitat se ha visto obligada a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, su Deuda.

Por otro lado, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima: Conciertos y concesiones de la sanidad pública. Negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa. Son gastos que no cubren necesidades básicas de la población y que han contribuido al aumento de la Deuda.

Al tiempo que saludamos la iniciativa de la Auditoría, vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen «ciudadana», pero observamos que, en ella, la ciudadanía está de espectadora. La comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas ni los criterios de ilegitimidad, tampoco tendrá acceso a los documentos i contratos, sino solo a los informes ya hechos por las Sindicaturas de Greuges y de Comptes. De ser así, la Auditoría estaria dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamento de estas instituciones. Por último, no hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿con qué plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias detectadas, a nuestro entender, desactivan el potencial de salud y de empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana real.