Berta Iglesias, Merche Valls y Javier Lechón, miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Entrada originalmente publicada al blog “Viviendo en Deudocracia”, el blog de la PACD en Público.

A pesar de la total falta de transparencia y del silencio mediático sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UE y los EEUU es fácil adivinar qué repercusiones tendrá, si como pretenden sus promotores, el TTIP llega a aprobarse en 2015. Solo por la cantidad de lobbies empresariales que impulsan el acuerdo y porque se está negociando a tus espaldas, deberías estar muy alerta.

Para poder competir con China y aislar a Rusia el TTIP pretende crear la mayor área de libre comercio del mundo eliminando los obstáculos que frenan la actividad comercial entre los EEUU y la UE. Hay que decir que el comercio entre estas dos grandes regiones, que suman más de la tercera parte del comercio mundial, ya es muy fluido y las tasas aduaneras aplicadas a sus productos, bajas.

El TTIP viene avalado por estudios de viabilidad y expectativas de crecimiento altamente cuestionados por distintas organizaciones por su escaso rigor económico y por plantear escenarios muy poco realistas. Según un estudio de la Universidad de Tufts, en caso de aprobarse el TTIP conllevaría pérdidas netas del PIB y, lo más importante, la desaparición de unos 600.000 puestos de trabajo en la UE. El informe “A Brave New Transatlantic Partnership” evidencia que los propios estudios de la Comisión Europea prevén la pérdida de empleos en sectores económicos como la electrónica, la metalúrgica, la comunicación o la ganadería, así como una ínfima tasa de crecimiento del 0,01 % del PIB en los próximos 10 años.

Si analizamos con perspectiva el resultado de otros Tratados de Libre Comercio vigentes en el mundo, no es difícil desmentir las promesas de prosperidad que acompañan siempre a este tipo de acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre Estados Unidos, Canadá y México de 1994, deparó terribles consecuencias sociales para México. Antes de su entrada en vigor, el NAFTA prometía la creación de 20 millones de empleos. 20 años después, se estima que destruyó un millón de puestos de trabajo. El tratado se negoció durante una gran crisis de la deuda mexicana, algo que ha sucedido en casi todos los procesos de “liberalización” de las economías latinoamericanas. ¿Vemos los paralelismos con el caso europeo?

Los documentos filtrados y la información que se ha hecho pública gracias a la presión ejercida por las organizaciones sociales y algunos partidos políticos evidencian que el TTIP contiene muchos elementos que afectarán muy negativamente a la población de ambos lados del Atlántico. El principal objetivo del TTIP es aumentar las inversiones y el comercio homologando las normativas de ambas regiones en materias como el medio ambiente, el empleo, la protección social o los servicios públicos. En nombre del “libre mercado”, siguiendo los dictados de la ortodoxia neoliberal dominante, el TTIP aumentará los recortes y privatizaciones y rebajará aún más las medidas protectoras europeas hasta los muy laxos niveles estadounidenses.

Bajo eufemismos como “armonización reguladora” se pretende equiparar la legislación laboral europea a la de los EEUU, un país que no ha firmado los principales acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y donde buena parte de las clases populares malviven en un régimen de explotación laboral aún mayor que el que padecemos en Europa. Rebajar los estándares medioambientales exigibles a los productos agrícolas a niveles estadounidenses permitiría la entrada de alimentos transgénicos y de carne hormonada en la UE, el uso de miles de productos químicos hasta ahora vetados o prácticas altamente peligrosas y contaminantes como el fracking.

Como la mayoría de los Tratados de Libre Comercio actuales, el TTIP seguramente vendrá acompañado de un mecanismo de solución de diferencias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Los diferentes gobiernos podrían ser demandados ante un comité de arbitraje privado supranacional y condenados a indemnizar con cifras astronómicas a las empresas que consideren que la legislación perjudica sus intereses presentes o futuros. Es necesario recalcar que solo las empresas podrán demandar a los estados ante estos selectos tribunales de arbitraje y no a la inversa. Este mecanismo de resolución de conflictos es ajeno a cualquier poder judicial democrático y es un auténtico atentado contra la soberanía de los pueblos. No deja de ser paradójico que buena parte de aquellos que se erigen como representantes de la ciudadanía y defensores de la soberanía nacional, como el Partido Popular y Convergència i Unió, quieran vaciar de poder los parlamentos nacionales votando a favor del TTIP y del ISDS.

El blindaje de las inversiones y la “constitucionalización” de los derechos de las empresas por encima de los de la gente no es ninguna fantasía catastrofista.  Desgraciadamente, ya sucede con frecuencia en todo el mundo. Sirva de ejemplo el grupo francés Veolia, que denunció a Egipto en junio de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por redactar una ley en materia de empleo que elevaba el salario mínimo de 41 a 72€, o la empresa sueca Vattenfall, que ha exigido 4.700 millones de euros de indemnización al Gobierno alemán en un tribunal de arbitraje internacional por haber cerrado dos centrales nucleares después del accidente de Fukushima.

¿Qué impactos sobre la deuda tendría el TTIP entre la UE y EEUU? Si las consecuencias del acuerdo son la eliminación de aranceles, la ampliación del negocio de las empresas transnacionales (que son las que cometen mayor fraude fiscal), la bajada de salarios, el aumento del desempleo, y encima tenemos que pagar indemnizaciones millonarias a empresas, es evidente que los Estados tendrán menos ingresos y que deberán endeudarse para poder pagar los servicios públicos que no hayan privatizado el Tratado. El TTIP comportará más deuda, más dependencia financiera y más poder para la banca.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones es un proyecto que va más allá del comercio. Es un proyecto geopolítico, ideológico y social que supera el ámbito de la economía. El TTIP y su complemento, el ISDS, son un ataque directo a la democracia actual y futura ya que impedirían legalmente que cualquier gobierno elegido democráticamente tenga las herramientas necesarias para enmendar los daños que los fundamentalistas del libre mercado han causado a la población en países como Grecia o España. Tanto la Deudocracia como el TTIP son huidas hacia adelante de un sistema que ya no se sostiene. La economía de la deuda, el “libre comercio” y el dogma de que en un planeta finito es posible un crecimiento infinito, es lo que nos ha llevado a las múltiples crisis de nuestro modelo actual de civilización y obviamente no serán la solución. El TTIP es una muestra más de que el sistema capitalista es cada vez más incompatible con la democracia y la sostenibilidad de la vida.

Las autoridades políticas y económicas que malgobiernan el mundo siguen ignorando el fin del modelo basado en las exportaciones y del acceso masivo a energías fósiles baratas. No se debe, ni se puede, seguir apostando por un modelo de producción y consumo que dispara las emisiones contaminantes y esquilma el planeta. No podemos tolerar más este sistema económico hípercompetitivo donde el que no corre, muere, y donde la riqueza mundial se acumula en muy pocas manos mientras se condena a la pobreza al resto de la Humanidad. Ante esta situación, en la que no hay marcha atrás y dónde no cabe esperar que los (i)responsables de las crisis nos saquen de ellas, solo hay una salida para la gente: Cuestionar las prácticas políticas y económicas dominantes, así como nuestros propios valores y comportamientos, cooperar y organizarnos para plantar cara a la dictadura de la deuda y a engendros como el TTIP.