El 27 de septiembre de 2011 el BOE publicó una reforma de la Constitución Española que aprobaron unas trescientas personas a medianoche tras un “debate de alta velocidad”, ocultando al pueblo el significado de esta reforma.
Con ello “legalizaban” la desaparición del deficit presupuestario y daban prioridad absoluta al pago de la deuda del Estado y sus intereses, frente a cualquier otro gasto estatal, ya sea gasto prioritario (por ejemplo, los comedores escolares), gasto urgente (las jeringuillas en los hospitales) o gasto aplazable (los sueldos de los propios políticos). Sigue leyendo