¿Sabías que el aumento de los intereses de la deuda pública, durante 2010 y 2011, superaron los recortes realizados en: sanidad, educación preescolar, primaria y secundaria, prestaciones sociales a familias, protección y exclusión social?
Según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)1, sobre los gastos realizados por el conjunto de las Administraciones Públicas, durante los dos primeros años de aplicación de las políticas de austeridad, 2010 y 2011, los recursos dedicados al pago de los intereses de la deuda pública aumentaron en 7.794 millones de €.
Al mismo tiempo, el gasto público en sanidad, destinado a cubrir los servicios para pacientes externos, servicios hospitalarios, productos, aparatos y equipos médicos, así como otros servicios de salud pública, fue reducido en 3.781 millones de €. Los recursos públicos destinados a la enseñanza preescolar y primaria, se recortaron en 642 millones de €, y en el nivel de enseñanza secundaria en 448 millones de €. Las prestaciones en protección social dirigidas a la familia e hijos/as, que incluyen por ejemplo, asignaciones por maternidad, licencias por cuidado de hijos, subsidios familiares o la provisión de comida a niños/as en edad preescolar, fueron reducidas en 1.843 millones de €. De la misma manera, los recursos destinados a la elaboración, coordinación y vigilancia de las políticas de protección social, fueron reducidos en 359 millones de €, así como las prestaciones dirigidas a las víctimas de la exclusión social: personas de escasos ingresos, indigentes, inmigrantes, toxicómanos o víctimas de crímenes violentos, recortados en 82 millones de €.
Todo ello implica un trasvase neto de recursos desde funciones sociales que mejoran directamente la calidad de vida de la población, hacia el pago creciente de intereses de la deuda pública, un negocio de las entidades financieras naciones e internacionales, que con las ayudas obtenidas del Estado y el BCE, compran la deuda pública española a un elevado interés, obteniendo beneficios sin asumir apenas riesgo o coste alguno.
Pero es más, las funciones sociales desde donde se sacan los recursos para pagar los intereses de la deuda, son precisamente aquellas que aportar una solución colectiva a las necesidades de cuidados de las personas. Los recortes suponen que las tareas antes realizadas desde los servicios públicos, recaigan con más intensidad en los hogares y en manos femeninas, aumentando las desigualdades entre hombres y mujeres y, por ende, la deuda de género.