El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
Formalmente son la Comisión Europea (no el Parlamento Europeo, que es el que votamos) y el gobierno de EEUU quien tiene el mandato de las negociaciones. Pero en realidad son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa desde el comienzo (industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…)
Las negociaciones se están produciendo de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación ni consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los gobiernos de los países de la propia UE.
De hecho ¿sabes lo que regulará?
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de Tratado se centra en la liberalización de todos los sectores. Como por ejemplo, la protección de las inversiones, que es una manera de decir «protección de las empresas frente a los Estados», es decir, cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, si un gobierno se opone al “fracking” (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o quiere hacer cumplir una regulación sanitaria de sustancias tóxicas, puede ser objeto de demandas por parte de la empresa y perder.
¿Sabes en qué te afecta?
Es previsible que el TTIP provoque mayores recortes en los derechos laborales justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika.
Además, la liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias son de sobra conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a las políticas medioambientales y del derecho a la salud (la protección de la propiedad intelectual conllevará un blindaje para las patentes, reduciendo por ejemplo, la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos), la agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles y se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, así como la pena por compartir archivos en la red.
Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.
¿Lo sabías?
Fuentes:
