La Transparencia y la Auditoría Ciudadana

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[EN CATALÁ]

(Por Aleix Porta y Daniel Blasco)

El 28 de septiembre es el Día Internacional por el Derecho a la Información o, como se dice popularmente, Derecho a la Transparencia. Aunque es un derecho fundamental y de larga tradición en muchos países, el Estado español destaca por su opacidad democrática. Tener gobiernos transparentes es una señal de salud democrática y de control activo de la ciudadanía, puesto que es posible saber, por ejemplo, cómo, cuándo y con quién se suscriben deudas financieras o concesiones de obras y servicios.

1 . – ¿Qué es el Derecho al Acceso a la Información y por qué se celebra?

Las sociedades que se hacen llamar democráticas tienen la libertad de expresión y de pensamiento como principios fundamentales. El acceso a la información es la base de esta libertad ya que si la ciudadanía ve vetado este acceso es mucho más difícil ejercer la práctica democrática.

El reconocimiento de este derecho aparece en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en su artículo XV, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 19: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. »

A partir de este reconocimiento, más de 90 Estados de todo el mundo han articulado el derecho de acceso a la información. Las leyes de transparencia de todo el mundo desarrollan el acceso a la información en dos sentidos:

  • La transparencia proactiva, por la cual las administraciones públicas, así como cualquier organismo o entidad que reciba financiación pública, ponen a disposición de la ciudadanía la información económica o de cualquier tipo a través de archivos o webs.
  • La transparencia reactiva, que es aquella que se activa cuando una o varias personas solicitan información a las entidades.

Las leyes de transparencia deben garantizar estos dos tipos, así como crear canales de consulta entendibles, sencillos y gratuitos, obligar al funcionariado a colaborar con la ciudadanía, sea cual sea la condición, la nacionalidad o las motivaciones de los solicitantes.

El buen funcionamiento de la transparencia permite una ciudadanía informada y crítica que refuerza la democracia participativa y dificulta la opacidad y la corrupción. Sin embargo, lograrlo no es fácil. Por esta razón, en un encuentro internacional en Bulgaria diversas organizaciones pro-derechos a la información constituyeron la red FOIA y establecieron el 28 de septiembre como el día mundial del Derecho al Acceso a la Información y la Transparencia.

2 . – El acceso a la información en España

Relacionar acceso a la Información y España es como unir dos imanes de un mismo polo: parece que se repelen el uno al otro. De los 47 estados que forman parte del Consejo de Europa, pocos países carecen de ley de Transparencia: San Marino, Luxemburgo, Chipre, Mónaco, Andorra y Malta. Gürtels, Nóos y Bárcenas varios han obligado al PP a capitular y sacar la etiqueta de anatema a la Transparencia: España goza de una ley de Transparencia desde este mismo mes de septiembre, pero es una ley que está a años luz los estándares de calidad.

Aunque el derecho a la información está regulado en el artículo 105 de la Constitución española, no es hasta 1992 que se aprueba la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que regula este derecho. No obstante, es una ley muy genérica, transversal y en este ámbito muy deficitaria, tal como demostró en 2005 el informe publicado por Sustentia & Open Society Justice Initiative: el 60 % de las solicitudes de información quedaban sin respuesta. En 1995 se aprobó la ley de acceso a la Información en materia medioambiental, pero también fue deficitaria, tal como refleja el citado informe. Según el informe de Tu Derecho a Saber, el 54 % de las solicitudes del año 2012 acabaron en silencio administrativo.

Como decíamos, el Gobierno saca pecho de la flamante ley de Transparencia. Sin duda, tener ley es mejor que no tenerla, pero ¿de qué ley estamos hablando? A partir de ahora, entidades públicas diversas publicarán sus documentos o atenderán las solicitudes de la ciudadanía siempre y cuando éstas no hagan referencia a procesos administrativos de ámbitos como Defensa y Seguridad, procesos de decisión política, planes comerciales y financieros, partidos, sindicatos, patronales, el Banco de España, la Iglesia Católica o la Casa del Rey, entre otras excepciones insultantes. La ley dice que el silencio ya es una respuesta. Según la plataforma Acces Info, la ley española es la número 72 de un total de 95 y recibe una puntuación de 68 sobre 150.

3 . – El acceso a la información y la Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La deuda y las decisiones políticas que se han tomado para imponer su pago han menospreciado y menosprecian los derechos sociales y humanos de la población. La cultura de endeudamiento y el modelo capitalista han sido responsables de que la población haya perdido derechos y se haya empobrecido a niveles preocupantes.

Es evidente que las instituciones no sólo no han estado al servicio real de las necesidades de la población, sino que han sido cómplices de un sistema financiero movido por intereses propios y la mercantilización integral de los servicios sociales, ajenas al perjuicio que esto suponía, ha supuesto y sigue suponiendo para el conjunto de la ciudadanía. Esta cultura de endeudamiento ha dejado más claro que nunca que necesitamos tener el control sobre las decisiones que afectan a nuestras relaciones sociales, económicas e, incluso, humanas; en definitiva, necesitamos tener el control de nuestras vidas en sociedad. Un control que se puede conseguir con una auditoría ciudadana abierta, permanente, continuada, colectiva y descentralizada que trabaje por el derecho a la información y, sobre todo, para el empoderamiento de la ciudadanía en materia política, social y económica .

Hacer una auditoría de la deuda es más que un simple ejercicio técnico de balances económicos. Desde la PACD defendemos y añadimos el carácter ciudadano a esta auditoría, que debe reivindicar y luchar por los derechos de los ciudadanos, exigir que las instituciones cumplan sus obligaciones y que se ejerza la democracia participativa. La lucha de la PACD es la lucha por una soberanía ciudadana.

Para ello es imprescindible que, previamente a todo esto, se establezca el derecho a la información y la transparencia real como una obligación institucional incuestionable e irrevocable. Las razones son simples: no hay auditoría ciudadana sin información y no hay ninguna información que no deba ser abierta a una auditoría ciudadana. Una premisa lógica y de salud democrática cuando se trata de información sobre procesos y decisiones institucionales que afectan a la vida de las personas.

Es de sentido común que sin un acceso incondicional a la información de las actuaciones de las instituciones públicas, el control democrático resultará ineficiente e incompleto, ya que el primer paso en cualquier auditoría, ciudadana o no, es conseguir la información. No podremos ejercer una verdadera soberanía si no podemos participar, acceder, valorar ni revocar las decisiones que nos afectan. Es por tanto absolutamente necesario que transformemos las instituciones públicas en entidades que fomenten y coordinen procesos participativos en materia política, económica y social, comprensibles y accesibles al conjunto de la ciudadanía. Porque sólo así la democracia tiene la fuerza y ​​determinación necesaria para ser algo más que una mera herramienta de elección parlamentaria.

Es en este contexto democrático que las auditorías ciudadanas permiten, fomentan y ejercen un control ciudadano sobre las instituciones. Un control que empieza por el derecho a la información como paso previo para poner las instituciones al servicio de las personas y no de los mercados o sistemas financieros.

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