Serie: “Bancos contra pueblos:

Los entresijos de una partida amañada” (Parte 7)

Éric Toussaint[1]

 Los mercados se volvieron demasiado grandes y complejos, y evolucionan demasiado rápido para estar sujetos a la supervisión y a las reglamentaciones del siglo XX. No es sorprendente que ese Leviatán financiero mundial escape a la plena comprensión de los actores del mercado, aunque éstos sean los más informados. Los reguladores financieros están encargados de controlar un sistema mucho más complejo que aquellos que existían cuando se redactaban las reglamentaciones que todavía regulan los mercados.[2]  Esta afirmación de Alan Greenspan, director de la Reserva federal desde 1987 hasta 2006, ha sido retomada por los gobernantes de los países más industrializados. Hicieron como si los bancos y las otras sociedades financieras privadas pudieran autodisciplinarse, buscando, al mismo tiempo, la forma de satisfacer sus propios intereses egoístas. Alan Greenspan prosigue: El control de las transacciones se efectúa en la actualidad esencialmente gracias a la vigilancia recíproca de los traders. Para proteger a sus accionistas, cada prestamista mantiene al día las posiciones de inversión de sus clientes. Los reguladores siempre pueden pretender que sus ojos están bien abiertos pero sus capacidades son muy reducidas.[3]

La supuesta capacidad de los bancos y otros inversores institucionales a autoregularse no fue más que una cortina de humo destinada a permitirles hacer lo que les de la gana. Alan Greenspan, el conjunto de gobernantes de los países industrializados, un ejército de expertos y comentaristas financieros, verdaderos ilusionistas que toman a los ciudadanos por imbéciles,  repitieron la fábula de la autorregulación de los mercados hasta la saciedad. Habiéndose vuelto los mercados demasiados complejos para una intervención humana eficaz, las políticas anticrisis más prometedoras son aquellas que mantienen una máxima flexibilidad en el mercado: la libertad de acción para los principales actores del mercado, tales como los hedge funds, los fondos de acciones privados y los bancos de inversiones.[4] El cataclismo financiero de 2007-2008 y sus efectos dramáticos durante ese periodo fueron un cruel desmentido a ese ilusionismo. Los actores de los mercados financieros se mostraron totalmente incapaces de autoregularse, puesto que de todas maneras no tenían ningún deseo ni ninguna voluntad de hacerlo. Es una evidencia demostrada por todas las crisis financieras que salpicaron la historia del capitalismo. Los gobernantes adoptaron por lo tanto otro discurso: La autorregulación para solucionar todos los problemas se terminó. El laissez-faire se terminó. El mercado que siempre tiene razón se terminó.[5] En realidad, seis años después del comienzo de la crisis y cinco años después del anuncio de un retorno a más reglamentaciones, el balance se reduce solamente a efectos publicitarios. Cómplices de los dirigentes de la banca, los gobiernos y los legisladores tomaron muy pocas medidas coercitivas respecto a las entidades financieras.

Una medida coercitiva en un mar de laxismo

Desde el 1 de noviembre de 2012, en la Unión Europea, esta desde ahora prohibido comprar un Credit default Swap (CDS) para protegerse del riesgo del impago de una deuda por parte de un Estado, si uno no posee esa deuda.[6] Las sanciones para las sociedades y las personas que no respeten esta prohibición no quedan definidas, y son competencia de los Estados. Eso deja un importante margen de maniobra a los bancos y otras sociedades financieras que desearían eludir o infringir dicha prohibición. Es casi la única medida significativa que tomaron las autoridades europeas para poner orden en el sector financiero.

¿Qué es un CDS?

Un CDS es un producto financiero derivado que no está sometido a ningún control público. Fue creado en la primera mitad de la década de los noventa, en pleno periodo de desregulación. Credit Default Swap significa literalmente «permutas de cobertura por impago». Normalmente, debería permitir al tenedor de una acreencia recibir una indemnización por la venta de un CDS en el caso de que el emisor de una obligación (el prestatario) no pague esa obligación, ya sea éste un poder público o una empresa privada. Necesitamos expresarlo con el verbo en  condicional por dos razones principales. En primer lugar, se puede comprar un CDS para protegerse del riesgo de un impago de una obligación que no tenemos (salvo, después del 1 de noviembre de 2012, en la Unión Europea con respecto a las deudas de los Estados  de la UE). Esto vendría a ser como tomar un seguro contra el riesgo de incendio de la casa del vecino, deseando que se incendie para poder cobrar la prima. En segundo lugar, los vendedores de CDS no suelen reunir previamente los medios financieros suficientes para indemnizar a las sociedades afectadas por el impago de deudas. En el caso de quiebras en cadena de empresas privadas que hayan emitido obligaciones o del impago por parte de un Estado deudor importante, es muy probable que los vendedores de CDS sean incapaces de satisfacer  las indemnizaciones que prometieron. El desastre de la empresa estadounidense AIG en agosto de 2008, la mayor sociedad de seguros internacional (nacionalizada por el presidente George W. Bush con el fin de evitar su derrumbe) y la quiebra de Lehman Brothers están directamente ligados al mercado de los CDS. AIG y Lehman se habían desarrollado fuertemente en este sector.

Es necesario señalar que la prohibición de comprar en algunas circunstancias CDS, tal como lo dice el decreto la Unión Europea, respecto al ámbito europeo a partir de noviembre de 2012,  concierne nada más  que a una fracción mínima de los CDS (el segmento sobre las deudas soberanas), entre un 5 y un 7 %.

La ley Dodd -Frank en Estados Unidos y los tímidos pasitos europeos

En Estados Unidos, una nueva legislación, tímida con respecto a la reglamentación impuesta por Franklin D. Roosevelt a partir de 1933, fue adoptada durante el mandato de Barack Obama. Se trata de la ley Dodd-Frank (que incluye la norma Volcker)[7]. A pesar de que la ley Dodd-Frank haya sido aprobada en 2010, su aplicación se retrasa. Los bancos y sus lobbistas, así como los parlamentarios republicanos y demócratas sobre los que influyen directamente, consiguieron limitar fuertemente la puesta en práctica de una ley, que sin embargo se queda corta.[8]

La separación entre bancos de depósito y bancos de inversiones durante la presidencia de F. D. Roosevelt

Una de las medidas importantes tomadas por Roosevelt y por los gobiernos europeos (en particular bajo la presión  de las movilizaciones populares en Europa tras la Liberación) consistió en la limitación y la estricta reglamentación del uso que los banqueros podían hacer del dinero del público. Este principio de protección de los depósitos dio lugar a la distinción entre bancos de depósito y bancos de inversión, cuya formula más conocida es la ley estadounidense Glass Steagall Acta, que fue aplicada durante décadas, con algunas variantes, por los países europeos.

Con esta separación, sólo los bancos comerciales podían recibir los depósitos del público, que gozaban de una garantía del Estado. Paralelamente a esto, su campo de actividades se había reducido a los préstamos a particulares y empresas, y quedaba excluida la emisión de títulos, acciones y cualquier otro instrumento financiero, que se reservaba a los bancos de inversiones, que eran los que debían captar sus recursos en los mercados financieros.

En el Reino Unido, la Comisión Vickers remitió, en 2011, sus recomendaciones a las autoridades, que aún debían tomar una decisión al respecto. En el ámbito de la Unión Europea, una comisión dirigida por Erkki Liikanen, gobernador del Banco Nacional de Finlandia, remitió su informe en octubre de 2012. Las recomendaciones que contenían los informes de las Comisiones Vickers y Liikanen[9] iban grosso modo en el mismo sentido que las leyes Dodd-Frank y la norma Volker: un principio de segregación de las actividades múltiples de los bancos. Pero nadie propone volver a la ley Glass Steagall ni a las reglamentaciones adoptadas en Europa en el mismo sentido. No hay ninguna propuesta de separación neta y clara entre banco de depósito y banco de inversiones, es decir, ninguna propuesta de desmantelamiento de lo que actualmente se denomina el banco universal. Recordemos que el banco universal (también llamado banco generalista) representa un gran complejo financiero que reúne y ejerce las diferentes funciones de banco depósitos, de banco financiero y de inversiones y de banco de gestión de activos. Este complejo interviene en el territorio nacional, pero también en el exterior a través de sus filiales. El principal peligro de este modelo bancario es que puede hacer recaer las pérdidas de las operaciones de riesgo de un banco financiero y de inversiones al banco de depósitos, poniendo con ello en peligro los haberes de los pequeños ahorristas. Esto explica la actualidad de las medidas tomadas por Roosevelt, y siguiendo su ejemplo, por los gobiernos europeos en las décadas del treinta y del cuarenta, que consistían en separar claramente los bancos en dos categorías absolutamente estancas. La ley Dodd-Franck, las propuestas de las comisiones Vickers y Liikanen, y el proyecto de ley sobre una reforma bancaria presentado por el gobierno francés a la Asamblea Nacional en diciembre de 2012[10]  permanecen en punto muerto. De todas maneras, las separaciones propuestas, si se aplicaran, serían de una eficacia muy limitada, ya que los bancos de inversiones y de negocios no vacilarán en bombear dinero de los depósitos de los clientes. Además, la banca seguirá asumiendo riesgos muy altos, puesto que no se aplicará ninguna medida obligatoria seria.[11] Aún más, al ser los bancos de depósitos y los de financiación y de inversiones solidarios en el marco del banco universal, las pérdidas sufridas por un banco de financiación y de inversiones serán absorbidas por los bancos de depósito (véase en Francia cómo las pérdidas del Natixis fueron asumidas por los Bancos Populares y las Cajas de Ahorro en el seno del grupo BPCE).

Los bancos ejercen grandes presiones para poder continuar actuando como mejor les parezca

Aunque las recomendaciones de Vickers y de Liikanen son muy conciliadoras con ellos, los patrones de los bancos privados organizan, como en Estados Unidos, un intenso lobbying a fin de que éstas no se hagan efectivas. Challenges, semanario financiero francés, informa de las reacciones en el medio financiero del Hexágono, a propósito del informe Liikanen: «Muchos informes de este tipo han acabado en la papelera», declaraba confidencialmente un banquero a Challenges. Otro ironizaba: «¿Liikanen? Apenas sabe lo que es un banco. En Finlandia no hay más que filiales de establecimientos extranjeros.». Challenges prosigue con otra campana, dando la palabra a Martin Wolf, editorialista del Financial Times: «Temo que bajo la presión de los banqueros demasiadas actividades del mercado (trading) sean excluidas de las separaciones. Este informe es un paso adelante, la próxima etapa no debe ser un paso atrás.»[12]  Precisamente, también el Financial Times llevó a cabo una pequeña encuesta en el medio bancario. En sus columnas, Christian Clausen, directivo del banco sueco Nordea, presidente de la Federación Bancaria Europea, declara que el informe Liikanen se equivoca totalmente en lo que respecta a la separación entre las actividades de un banco de depósito y las actividades de trading.[13] Los parlamentarios estadounidenses y europeos, sin hablar de altos funcionarios, han estado sometidos a intensas presiones. Los bancos pueden contar con sólidos aliados situados en las más altas posiciones, comenzando por Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ex dirigente del banco Goldman Sachs.

En medio de las autoridades de control, se elevan algunas voces aisladas contra el laxismo

Algunas voces aisladas, dentro de las autoridades de control, se alzan criticando la ausencia de una reglamentación seria del sector bancario. Andrew Haldane, director del departamento Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, ha llamado la atención en una reunión de los medios financieros en Londres, en octubre de 2012. Criticaba el hecho de que los 29 bancos sistémicos aprovechan el peligro que representaría su bancarrota para obtener dinero a buen precio del BCE, de la FED, o del Banco de Inglaterra. Considera que el crédito que estas instituciones públicas le otorgan constituye una subvención anual de más de 700.000 millones de dólares.

Los bancos sistémicos según el G20

El G20 elaboró en noviembre de 2012 una lista de 29 bancos sistémicos denominados en inglés Sistemically Important Financial Institutions, SIFIs. A semejanza de Lehman Brothers, cuya quiebra trastornó la economía mundial en septiembre-octubre de 2008, estos bancos son considerados por el FSB (Financial Stability Board) demasiado importantes para que los poderes públicos los dejen caer (too big to fail). Se los denomina sistémicos por su peso y el peligro que la quiebra de uno de ellos representaría para el sistema financiero privado a escala internacional. En 2012, entre los 29 bancos sistémicos, había cuatro franceses (Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas y BPCE), dos alemanes (Deutsche Bank y Commerzbank), un italiano (Unicredit), un español (Santander), un belga francés (Dexia), un neerlandés (ING), cuatro británicos (HSBC, Lloyds, Barclays y Royal Bank of Scotland), dos suizos (UBS, Crédit Suisse), un sueco (Nordea), ocho estadounidenses (JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, State Street), tres japoneses (Sumitomo, Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG) y un chino (Bank of China). En 2012, el G20 retiró de la liste tres de estos bancos (Dexia, Commerzbank y Lloyds) y agregó dos (el español BBVA y el británico Standard Chartered).

Andrew Haldane afirma que el aumento del ratio fondos propios / balance de los bancos que se generalizará a partir de 2018-2019 es totalmente insuficiente y que no puede realmente disminuir el riesgo y los efectos de una quiebra. Recomienda reducir de manera drástica el tamaño de los bancos. Thomas Hoenig, de la US Federal Deposit Insurance Corporation, una institución creada durante la presidencia de Roosevelt para regular el sistema bancario, afirma que los tabiques aplicados para separar los diferentes tipos de actividades de los bancos son, en realidad, porosos. Plantea la adopción de una ley del tipo de la Glass-Steagall, a fin de separar radicalmente los bancos de depósito y los bancos de negocios. Considera así mismo que el nivel de los fondos propios que se exigirá a partir de los años 2018-2019 habría que multiplicarlos por lo menos por tres.[14]

Epílogo: Victoria de los banqueros gracias a las autoridades de control

A principios de enero de 2013, el comité de Basilea [15]  renunció a la aplicación de una de las exigencias que había adelantado con respecto a los bancos. No tendrán que constituir un amortiguador de choques financieros bajo la forma de una reserva permanente de liquidez (liquidity coverage ratio, LCR), que les habría permitido hacer frente a una crisis de 30 días de duración. Se había previsto que la medida entrara en vigencia en el año 2015, pero ahora se la ha pospuesto hasta el 2019. En primera plana, los periódicos financieros señalaron claramente que se trataba de una victoria de los bancos y una marcha atrás de las autoridades de control. El Financial Times titulaba el 8 de enero de 2013: «Victoria de los bancos europeos tras la moderación de las reglas de Basilea».[16] Y The Economist titulaba: «Los reguladores suavizan su posición en materia de liquidez».[17] No sólo la aplicación de las medidas se aplazó hasta 2019, o sea, hasta las calendas griegas, sino que además los bancos podrán contabilizar, como reserva de liquidez (LCR), productos estructurados y tóxicos, tales como los mortage backed securities. ¡Un gran despropósito!

Unas semanas más tarde, otras buenas noticias alegraron a los bancos: Michel Barnier, comisario europeo encargado de los mercados financieros, declaró que no seguiría la principal recomendación del informe Liikanen relativa a la separación entre las actividades de los bancos de depósito y las actividades de mercado. El Financial Times titulaba: «Reculada de Bruselas con respecto al núcleo de la reforma bancaria».[18]  El diario explica que la Comisión Europea se bate en retirada en lo que concierne a la obligación que podría imponerse a los bancos de separar sus actividades de mercado (es decir, altamente especulativas y de alto riesgo) de sus actividades de banco de depósito.

Conclusión. Hay que acabar con la sumisión a las exigencias bancarias. Se debe emprender un giro radical para que sea posible proteger los depósitos de los ahorradores, financiar actividades útiles a los bienes comunes, garantizar el empleo y las condiciones de trabajo del personal del sector. Para eso, se necesita un servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión. El papel del banco (en el sentido de constituir un instrumento para recoger el ahorro y para conceder crédito) es demasiado importante para confiárselo a unos banqueros privados que, por definición, buscan el máximo beneficio para un puñado de grandes propietarios privados (el «uno por ciento», como los llama el movimiento Occupy Wall Street). Hay que prohibir las actividades especulativas y todos los instrumentos que las sostienen. Asimismo, se deben prohibir las transacciones con los paraísos fiscales. Dado que utilizan fondos públicos, que gozan de la garantía del Estado y que deben brindar un servicio básico y fundamental a la sociedad, los bancos tienen que ser socializados y puestos bajo el control ciudadano.[19]

Traducción: Raúl Quiroz-Griselda Piñero