Los colectivos abajo firmantes exigimos que se investiguen judicialmente las actuaciones de las personas que dirigieron la CAI desde el año 2001 hasta la actualidad. Como bien se dice en el manifiesto de la Campaña por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros y por la Banca Pública «deben depurarse responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras».
La CAI en concreto es una entidad que obtiene beneficios en su día a día. Es perfectamente viable y sería más beneficiosa para Aragón con un control real y efectivo por parte de la sociedad, también con el abandono de prácticas abusivas con los clientes como las que se han venido denunciando últimamente, como las abusivas cláusulas suelo hipotecarias o la venta a ahorradores de deuda subordinada.
La mala gestión, el robo y la aventura inmobiliaria han obligado a tapar un agujero de 1.500 millones de euros con los beneficios de los últimos cinco años y todas las reservas. Varios directivos pasados y actuales (Tomás García Montes, José Antonio García de Toledo, pero hay muchos más) se están llevando millones de euros de indemnización.
El Banco de España no hizo su trabajo de vigilar a las entidades financieras, algunos —y sus amigos— se enriquecieron, otros presentes en los consejos de administración consintieron, la mayoría de los representantes políticos en los órganos de control colaboraron alegremente en la locura inmobiliaria, las auditorías externas como Deloitte sabían lo que estaba pasando y lo maquillaron… Total que los aragoneses hemos perdido 1.500 millones de dinero público, porque de ellos no era aunque lo parecía, quieren despedir a 600 trabajadores del grupo Caja3, han puesto en peligro los ahorros de miles de personas, han desahuciado a gente de sus casas, se va a perder la práctica totalidad de la Obra Social, etc.
Solo hay un camino: continuar con la movilización social y llevar a los tribunales a los responsables y beneficiarios de esta estafa financiera, inmobiliaria y social. Apoyamos a los trabajadores de Caja 3 en su lucha contra los despidos y especialmente la iniciativa de sus sindicatos de llevar a los tribunales a los responsables de todo esto. Los colectivos y movimientos sociales en lucha permanente contra los desahucios, los recortes de derechos sociales y laborales, las privatizaciones y el saqueo de lo público creemos que se debe ir hasta el final contra los responsables.
Caja 3 ha recibido ayudas públicas, incluidos los préstamos del Banco Central Europeo, por 3.131 millones de euros cuando su patrimonio neto es de 1.204 millones. En consecuencia, debe ser nacionalizada, convertida en un banco público, y realizarse una auditoría pública que permita establecer su situación real y quién se ha beneficiado de su gestión. La entidad nacionalizada ha de mantener el empleo y la obra social que demuestre su utilidad social. Las viviendas propiedad de la Caja deben incorporarse a la red pública de vivienda protegida, en régimen de alquiler, y detenerse el desahucio de cualquier familia si no puede hacer frente al pago de su hipoteca por carecer de recursos, permitiéndosele seguir en su vivienda a cambio de un alquiler asequible. Y, finalmente, se aplicará la dación en pago con carácter retroactivo a aquellas familias que hubieran sido desahuciadas por falta de recursos.
Plataforma Solidaria Actur Parque Goya
Plataforma Auditoría Ciudadana a la Deuda. No debemos, no pagamos.
Stop Desahucios.
Asociación Vecinos de San José.
Plataforma Hipotecaria de AICAR.
CGT Ibercaja.
Colectivo Iquique.
Partido Comunista de Aragón.
Izquierda Anticapitalista.
Izquierda Unida de Aragón.
Intersindical de Aragón/Colectivo Unitario de Trabajadores.
Adhesiones y/o colaboración: bancapublica@stopdesahucioszar