Auditoría ciudadana de la deuda: ¿por qué y cómo?

La cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. ¿Se debe pagar?

La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.

No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas. Es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público.

El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos; un colectivo puede comenzar el trabajo y provocar el debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos (por ejemplo, estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en un territorio).

Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.

Pero más allá del control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.

Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.

El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma.

La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.

No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.