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Lo que quiere decir la PACD cuando habla de Auditoría Ciudadana de la Deuda y de Deuda Ilegítima (Cast/Cat)

congreso

Este texto ha sido elaborado colaborativamente por la PACD-Barcelona a raíz de diferentes propuestas de diversos partidos políticos sobre auditorías de deuda.   [Versió Català]

Partidos políticos y la auditoría

El pasado 12 de marzo el grupo parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA y CHA) presentó en el Congreso de Diputados una proposición no de ley sobre la “creación de una Auditoría de Deuda Pública”, así como de una “comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda”.

Casi al mismo tiempo, los grupos de ICV por un lado y la CUP por otro, interpelaron al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en el Parlament sobre la cuestión de la deuda, interpelaciones que derivaron en sendas mociones que proponen la realización de una auditoría de la deuda pública catalana. Por su parte, la coalición Compromís en el País Valencià (Bloc, IdPV y Verds) hizo público el pasado 20 de marzo un informe sobre la ilegitimidad de la deuda valenciana, y propone auditar “las cuentas de la Generalitat Valenciana para comprobar si la deuda pública responde a necesidades del funcionamiento operativo o a otras causas, con lo que identificaremos y cuantificaremos la conocida como “deuda ilegítima”.

También en el Parlamento Europeo el grupo de los Verdes / ALE ha conseguido introducir en el Informe Gauzés – sobre el refuerzo de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembro que experimentan o corren riesgo de experimentar graves dificultades en la estabilidad financiera dentro de la zona euro- la propuesta de realizar auditoría de deuda pública.

Desde que en Octubre de 2011 la propuesta de realizar una auditoría ciudadana de la deuda española surgiera de un encuentro entre diferentes movimientos y organizaciones sociales, asumiendo como propia una propuesta de movimientos sociales del Sur, varios partidos políticos también han adoptado como suya la propuesta de la auditoría de la deuda pública como herramienta para luchar contra el pago de deudas ilegítimas, tanto incluyendo dicha propuesta en sus programas electorales como haciendo propuestas concretas en las instituciones en las que están presentes.

Resulta alentador que la propuesta de analizar de forma integral el origen, composición, gestión e impactos de la deuda pública se convierta en una prioridad para algunos partidos políticos. Difundir y reclamar el derecho de la ciudadanía a conocer qué se esconde tras una deuda que está pagando a costa de recortes y reformas no puede sino alegrarnos. Entendemos sin embargo que se trata de propuestas distintas que, aunque complementarias, se dotan de metodologías y aspiran a objetivos diferentes.

De la misma manera resulta importante que conceptos como el de deuda ilegítima (así, sin comillas) dejen de ser de uso casi exclusivo por parte de activistas y movimientos sociales, y pasen a formar parte del vocabulario de partidos políticos y ciudadanas en general. Sin embargo, entendemos que quién y cómo se definen esas deudas ilegítimas no debe ser algo que quede sólo en manos de las instituciones o de los partidos políticos, sino que debe ser fruto de un debate ciudadano amplio y participativo.

Una Auditoría Ciudadana es …

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos! (PACD) proponemos el proceso de Auditoría ciudadana como un instrumento, un mecanismo al alcance de toda la población para analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de nuestro país, así como el impacto de esta política sobre la población. No queremos que la auditoria se limite a un análisis de expertos de datos financieros, sino que proponemos un análisis más amplio y profundo que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan, y promover con ello una participación más activa en los asuntos públicos. La auditoría ciudadana la entendemos como un proceso para, colectivamente, comprender cómo hemos llegado hasta la situación actual, qué impactos económicos, sociales, culturales, ambientales, de género y políticos ha tenido el proceso de endeudamiento. Sólo a través de esta comprensión colectiva podemos, desde una ciudadanía informada, proponer alternativas que realmente respondan a las necesidades e intereses de la población (y no de los mercados, las élites económicas y los acreedores). Una auditoría no como una tarea de expertos, sino como un proceso ciudadano de educación popular y empoderamiento, por el que recobremos el control sobre nuestra economía y nuestras vidas, sobre el modo en que producimos, el modo en que consumimos y en definitiva nos relacionamos con el entorno.

El objetivo no es tan sólo dirimir entre deudas legítimas e ilegítimas, sino denunciar un sistema financiero y un funcionamiento de las instituciones supuestamente democráticas que atenta contra el bienestar y los derechos de la población, a la vez que nos debe permitir construir nuevos modos para evitar caer de nuevo en endeudamientos ilegítimos. El movimiento ciudadano que se constituyó hace un año de forma explícita en la PACD, nació con el objetivo de promover un cambio del modelo económico y social. Entendemos que la denuncia del mecanismo de endeudamiento que cimienta el sistema económico mundial y que genera profundas injusticias, es un elemento más en esa lucha contra el sistema capitalista y la ideología neoliberal. La auditoría ciudadana nos debe permitir aportar nuestro grano de arena a un nuevo paradigma económico que no se base en la deuda. Queremos también contribuir a la recuperación de la soberanía de la ciudadanía, a través de espacios de aprendizaje y de democracia participativa, dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de la cual luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social. Obviamente nuestro objetivo final es conseguir “no pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades”, pero hacerlo desde la base, con una mayoría de la población respaldando esa demanda.

Lo queremos hacer además sin limitarnos a un ámbito territorial (el estatal, autonómico o local), sino abordando los diferentes espacios de endeudamiento institucional, desvelando que este problema es el resultado de una dinámica económica y política que va más allá de nuestras fronteras. Nuestra crisis es la de Grecia, Chipre, Portugal o Islandia, pero también la de Argentina, Ecuador, Túnez, Zimbabue o Filipinas. Si la deudocracia es global, los procesos de auditoría también lo deben ser, y por ello nos coordinamos desde abajo con otros movimientos similares a través de redes como ICAN (Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda)

El proceso de auditoría ciudadana que proponemos desde la PACD está aún por armar, porque la estamos armando entre muchas. Queremos que paralelamente al trabajo de análisis de la deuda del Estado se realicen auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito (municipal, autonómico y estatal), lo que hace más relevante trabajar en colaboración con el resto de movimientos y unir fuerzas, recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadoras, cada asamblea local, constituye una fuente de información de primera mano sobre lo que ha envuelto al proceso de endeudamiento de las diferentes instituciones públicas, así como acerca de los principales impactos de la deuda y de las medidas de austeridad impuestas para pagar esa deuda. En este sentido, entendemos que el proceso de Auditoría Ciudadana debe estar abierto a todas, incluidos partidos políticos (siempre y cuando no sean parte implicada en el proceso de endeudamiento que se esté auditando).

Entendemos que las propuestas de Auditoría de la deuda pública que presentan los diferentes partidos políticos en las instituciones no suplen sino que complementan la tarea de la Auditoría Ciudadana. Es importante que, en caso de conseguirlo, las auditorías institucionales sean transparentes y permitan a la población acceder a la información y documentación que facilite el proceso de auditoría ciudadana. A la vez sería deseable que se reconozca el trabajo ya realizado por la ciudadanía, sea en el marco de la PACD o fuera de ésta, a la hora de proponer en una institución una Auditoría de la Deuda Pública. Vemos muchas posibilidades de colaboración entre los dos procesos, siempre y cuando haya ese reconocimiento al proceso ciudadano, puesto que será la ciudadanía la que en última instancia deba determinar qué deudas son ilegítimas y por tanto no deban ser pagadas.

Una deuda es ilegítima cuando … 

“Entendemos que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. Por eso, exigimos el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación y para ello proponemos la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el NO PAGO de la DEUDA“. Así se presentaba la PACD cuando hace un año celebró su primer encuentro estatal con más de un centenar de activistas de todo el Estado. Pero, ¿qué entendemos por deuda ilegítima?

Desde hace años los movimientos sociales del Sur y del Norte vienen denunciando que no todas las deudas deben ser pagadas. Existen deudas que comportan violaciones de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales de la población, que atentan contra el desarrollo de una vida digna, que generan desigualdades, beneficiando a una élite mientras perjudican a la mayoría de la población, que atentan contra la soberanía o que son producto de corrupción o de la mala gestión del gobierno. Estas deudas pueden ser consideradas ilegítimas, injustas o incluso contrarias a los principios de derecho internacional.

Hay deudas que incluso se pueden considerar odiosas. Según el derecho internacional y la doctrina elaborada por Alexander Sack en 1927 una deuda puede ser considerada odiosa cuando: (1) haya sido contraída por un régimen despótico, dictatorial, con el objetivo de consolidar su poder, (2) en contra del interés de la ciudadanía y/o en el interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder, y (3) con el conocimiento del destino odioso de los fondos prestados por parte de los acreedores (debe cumplir estas tres condiciones).

A diferencia del concepto de deuda odiosa, la deuda ilegítima no es un concepto técnico o jurídico, definido por expertos técnicos, sino que es un concepto ideológico, político. Está en manos de la ciudadanía definir en cada momento histórico aquello que es racionalmente injusto y por tanto ilegítimo. Por ello desde la PACD trabajamos con un concepto de deuda ilegítima que va evolucionando a medida que vamos avanzando en el proceso de Auditoría Ciudadana, y que no abarca tan sólo los aspectos financieros de la deuda.

En este sentido, entendemos que el concepto utilizado por Compromís en el informe que recién han publicado, limita en exceso lo que se entiende como deuda ilegítima. “Es deuda ilegítima todo el dinero que la Generalitat Valenciana ha inyectado para financiar y/o equilibrar el déficit (pérdidas) por la negligente gestión de sus empresas públicas mediante ampliaciones de capital (adquisición de acciones o participaciones) y también el dinero prestado a terceros sin que hagan nada para que lo devuelvan”. Esta definición excluye por ejemplo la deuda en que ha incurrido la Generalitat Valenciana para financiar infraestructuras inútiles o en la que haya habido corrupción, malversación de fondos o mala gestión. De la misma forma, la propuesta presentada por Izquierda Unida en el Congreso en nombre del grupo Izquierda Plural parte de la misma concepción de deuda ilegítima (aunque en ocasiones se confunde en la proposición no de ley con el de deuda odiosa), limitándolo a la deuda adquirida “no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos”. Al limitar el ejercicio de auditoría a una serie de cálculos financieros han limitado también el alcance de lo ilegítimo.

Como reconoce la propuesta de IU en el Congreso de Diputados, dicho concepto se deriva del informe del técnico de hacienda D. Agustín Turiel. Pero dicho informe concluye que “En realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor: este informe no ha examinado (…) la ilegitimidad por otros conceptos que los estrictamente económicos”. Si bien estos ejercicios de auditoría financiera son interesantes, es importante dejar claro que el concepto de deuda ilegítima no puede limitarse a ello.

Entendemos además que una deuda se puede originar a través de mecanismos justos, pero esa deuda no puede considerarse legítima si su pago condiciona el bienestar e incluso la supervivencia de la población. Las deudas no “deben ser pagadas” a costa de los derechos, y mucho menos en contra de la voluntad de la ciudadanía.

Consideramos que la legitimidad de las instituciones y de aquellos que ostentan el poder político debe emanar de la ciudadanía. Sin embargo vivimos en una época en que las instituciones supuestamente “democráticas” han perdido toda su legitimidad, porque actúan en perjuicio de su ciudadanía, y a falta de ésta legitimidad recurren a la coacción. En ausencia de referentes para legitimar las políticas, la única legitimidad que sigue viva, la única que podemos invocar, es la que emana de la voluntad del pueblo. Y por tanto debe ser esta voluntad popular la que defina qué deudas deben ser pagadas y cuáles, por el contrario, deben ser consideradas ilegítimas y por tanto deben ser anuladas. Somos por tanto la ciudadanía la que pone la medida de lo que se debe pagar y de lo que sencillamente hay que repudiar.

Y por todo ello abogamos por una auditoría ciudadana que defina desde la base qué es la deuda ilegítima.

La Auditoría de la deuda, patrimonio de nadie, herramienta para todas

Desde la PACD no pretendemos dar lecciones a nadie ni imponer nuestra visión de cómo creemos que debe ser una auditoría de la deuda (ciudadana) y quién debe definir qué deudas son ilegítimas (la ciudadanía) ni cómo (desde abajo y participativamente). Entendemos que la Auditoría de la deuda es una herramienta que puede cumplir múltiples funciones, adoptar múltiples metodologías y realizarse en espacios muy diversos.

Siendo importante distinguir entre las propuestas que algunos partidos políticos han realizado en los parlamentos autonómicos, del Estado y Europeo, y la propuesta de Auditoría Ciudadana, vemos que ambas son propuestas complementarias, que no deben competir sino cooperar y retroalimentarse. Pero entendemos también que es importante no limitar el concepto de deuda ilegítima a una cuestión técnica ni económica como se viene definiendo en esos procesos institucionales. Cada proceso de auditoría establecerá los límites de aquello que considera ilegítimo, pero al final será la ciudadanía la que marque dónde está el límite de lo que no se puede aceptar, de lo que no debemos y por tanto, no pagaremos.

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