En el Estado español, igual que en otros países de la periferia europea, somos testigos de cómo la llamada crisis de la deuda es utilizada para justificar políticas de ajuste y austeridad con las que se destruyen los derechos sociales y laborales conquistados gracias al esfuerzo y la lucha de generaciones pasadas. Con total impunidad se recortan y privatizan servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. La ciudadanía observa como se retrasa la edad de jubilación, empeoran sus condiciones de vida, se congelan las pensiones y se recortan los derechos laborales.

Estamos en crisis y no existe otro discurso para salir de ella que el de recortar y continuar recortando. El motivo de tal austeridad, según apunta el discurso dominante, es el alto nivel de endeudamiento del Estado español, motivo que comparte con el resto de países de “segunda” de la zona euro. Nuestra reforma de la Constitución, aprobada el 30 de agosto de 2011, expone en su artículo 135.3 el pago de la deuda como prioritario y, además, se prohíbe su negociación o repudio. Así pues, el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes sin poder opinar o participar.

Frente a todo esto, nos preguntamos: ¿Cómo se acabó imponiendo este régimen económico llamado Deudocracia? ¿Qué conocimiento tenemos de los presupuestos del estado? ¿Qué conocimiento tenemos de los préstamos pedidos al BCE? ¿Qué quiere decir el rescate a los bancos? ¿Qué papel ha jugado la crisis internacional y la burbuja inmobiliaria?

Ante ese fraude económico, social y democrático, un grupo creciente de ciudadanos, nos estamos organizando para dar respuesta a estas preguntas y determinar el origen de esta estafa que llaman deuda. ¿En qué condiciones se ha contraído? ¿Qué se ha financiado con ella? ¿A quién está beneficiando? ¿Es legítima y debemos pagarla?