Estamos en crisis y no existe otro discurso para salir de ella que el de recortar y continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El motivo de tal austeridad, según apunta el discurso dominante, es el alto nivel de endeudamiento del Estado español, motivo que comparte con el resto de países de “segunda” de la zona euro.

Hemos visto, durante estos años de crisis, cómo las agendas de nuestros políticos estaban repletas de reuniones y más reuniones; cómo los dirigentes europeos declaraban la urgencia de crear medidas de estabilidad del euro; cómo se llamaba al orden a ciertos países y cómo la presión político-mediática legitimaba continuos gestos antidemocráticos como la imposición de gobiernos tecnócratas no elegidos democráticamente (golpes de estado en Grecia e Italia) o nuestra reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.

Así pues, el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes sin poder opinar o participar. Una deuda apuntada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, por constitución, a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.

Frente a todo esto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad que esconde la deuda? Para descifrarlo, hagamos un repaso de la historia de la deuda y veamos cómo se acabó imponiendo este régimen económico llamado Deudocracia.

Para empezar, debemos decir que la crisis actual no es nueva. El sistema capitalista en el que ya llevamos viviendo más de un siglo, ha generado, a lo largo de su historia, otros episodios de crisis tan duras como la actual. Y es menester decir que estas épocas de crisis han servido para que el sistema capitalista se refundase bajo otros parámetros o ejes de actuación. De hecho, el capitalismo vive de estas épocas de crisis, pues al estar basado en el crecimiento competitivo (producir más y vender más para obtener más y crecer más), y dado que este no puede ser infinito (hay, entre otros, un límite ecológico, pues el planeta no puede ofrecer infinitos recursos), necesita de una destrucción para poder volver a crecer y volver a restablecer, de nuevo, el campo de juego. De nada sirve, entonces, buscar soluciones a la crisis si no se construye una alternativa al sistema económico capitalista. Una alternativa, todo hay que decirlo, que no la encontraremos en el crecimiento y consumo que tanto defienden las escuelas tradicionales de economía, ¿todos debemos crecer y consumir para salir de la crisis? Está claro que las soluciones crecentistas no harán más que encaminar la sociedad a una destrucción irreparable del planeta.

Centrándonos en las causas de esta crisis, y para entender por qué se habla de una crisis de la deuda o por qué la deuda se ha convertido en el eje central de todas las reformas antisociales que estamos viviendo, es aconsejable entender cómo hemos llegado a esta situación de dependencia. Veamos cómo fue creciendo el endeudamiento tanto público como privado:

1ª Etapa: Antecedentes

En los 70 hay una crisis mundial generada, principalmente, por la subida del precio del petróleo (provocada por EEUU y seguida por los países árabes) y por la subida de las tasas de interés sobre los préstamos en EEUU, que afecta tanto a endeudados como a Estados.

Esta crisis marca el inicio de una nueva etapa: el Neoliberalismo. Una etapa que establece tres ejes básicos que, a la vez que dotan de un poder casi autoritario a las instituciones y entidades financieras, afectan muy negativamente al ingreso de dinero de las familias y el Estado:

• Liberalizar el capital (quitar todas las barreras posibles a la libre circulación del capital), lo que promocionó el auge del sistema financiero por apoyarse en una tecnología que facilitaba la libre circulación (Internet).

• Reducir el poder de control de los Estados sobre el mercado, lo que conlleva privatizaciones estatales y política fiscal regresiva (reducción de impuestos, sobre todo a grandes empresas). Un eje que afecta, directamente, al ingreso de dinero de los Estados (el dinero que se invierte en servicios sociales, infraestructura… etc).

• Flexibilidad laboral, o lo que es lo mismo, presión para establecer unos trabajos precarios y peor remunerados. Esto afecta directamente al ingreso de dinero de las familias (el poder adquisitivo de la población española ha disminuido un 8% en los 10 años previos a la crisis).

2ª Etapa: Disminución de los ingresos

Debido a las medidas neoliberales impuestas a raíz de la crisis de los 70, las familias y los Estados dejaron de ingresar mucho dinero pese a mantener un creciente nivel de gastos (los precios y el consumo no dejan de subir). Esto llevó a ambos agentes a una situación de déficit (déficit es una diferencia negativa entre ingresos y gastos, es decir, cuando gastas más de lo que ingresas).

Por tanto, una de las cosas que hay que desmentir es que el déficit del Estado haya venido provocado por un malgasto o “mal uso” de nuestros servicios sociales. Si el Estado ha incurrido en un déficit es, principalmente, por la disminución de ingresos del Estado a cuenta de la disminución de los impuestos (sobre todo de grandes empresas y familias ricas) y de las privatizaciones de las empresas públicas.

Situación de déficit de un Estado:

El descenso de ingresos provocado por la disminución de los impuestos y las privatizaciones han sido compensados con el aumento de los impuestos indirectos como el IVA (un impuesto injusto por tener que pagarlo por igual todos los ciudadanos sin tener en cuenta el nivel de ingresos).

Bajo esta política neoliberal de dar más libertad al capital y reducir el papel del Estado como recaudador social, España es de los países de la UE que menos recoge en impuestos:

Ingresos fiscales por países en porcentaje del PIB nacional en 2010.

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics#Evolution_of_tax_revenue

España contaba con un impuesto de sociedades para grandes empresas del 35% y, en plena crisis, se rebajó al 30% (según fuentes de la AEAT y la CNMV, las grandes empresas que cotizan en el IBEX35, tributan de media un 18%). El Estado dejó de ingresar en los 7 años anteriores a la crisis, por la rebaja fiscal a grandes empresas, 28.000 millones de euros, cifra que contrasta con los 15.000 que recortó Zapatero y los 40.000 que tiene previsto recortar Rajoy en 2012. Y no hay que olvidar la escandalosa cifra que supone el fraude fiscal en España: las organizaciones profesionales de inspectores de Hacienda ofrecen el dato de 70.000 millones de euros anuales (los recortes para el periodo 2010-2013 serán de un total de 50.000 millones de euros).

A pesar de estos factores, como la tendencia impuesta por el capitalismo era de la de un crecimiento basado en el consumo, en el mundo desarrollado se implantó el sistemacrediticio (o de la deuda) durante de los 70, 80 y 90. Este planteamiento crecentista, se pudo dar gracias a la promoción de dinero llevada a cabo por las entidades financieras, que son quienes obtienen beneficios con el movimiento y el préstamo del capital.

Este mecanismo afectó negativamente a todos los agentes posibles:

• Bancos: Para dar créditos se tienen que endeudar con otro agente.
• Empresas: El recurso fácil de crédito inundó de deuda las empresas al establecer el crédito como política de crecimiento.
• Familias: Debido a la pérdida de poder adquisitivo y la romoción de crédito, las familias cayeron en la trampa de la codicia y fueron víctimas participantes del boom inmobiliario.
• Estado: La pérdida de ingresos por la política neoliberal (intentada compensar con impuestos indirectos) generó un desequilibrio negativo entre estos y los gastos (déficit). Este déficit se solventó con endeudamiento en forma de crédito y de venta de bonos.

En el estado español, este endeudamiento dio rienda suelta a gastos inútiles en tema de infraestructuras (aeropuertos innecesarios, un TAV ineficiente…) y se promovió de una manera desorbitada la vivienda: se construyeron más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas, a los precios más altos del mundo teniendo en cuenta los sueldos de los ciudadanos. Muchos se enriquecieron especulando, pero gran parte del dinero no volverá a existir. Gran parte de este dinero está enterrado en construcciones inacabadas (del orden de 1.500.000).

En el Estado español, el déficit fue contrarrestado por la promoción de la vivienda.Para entender el boom inmobiliario:

3ªEtapa: Aumento de los gastos

Con la crisis del 2007-2009, llega la etapa de los rescates:

• Al sector inmobiliario: Se le conceden 20.000 millones de euros en los primeros compases de la crisis.
• Al sector bancario: las ayudas a la banca, que supuestamente amenazaba con colapsar, supusieron un desembolso por parte de las arcas públicas que, en el caso del Estado español, ascendió a 141.000 millones de euros.
• El Gobierno, sin embargo, no instauróimpuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al endeudamiento.

El galopante aumento del desempleo con el consecuente aumento en el pago de prestaciones y bajada en la recaudación del IRPF, el aumento del gasto público para afrontar la crisis y el aumento de la carga del pago de la deuda por refinanciación contribuyó a que se pasase de una situación de superávit fiscal del 1’9% del PIB en 2007 a un déficit del 11’1% a finales de 2009.

En la actualidad, a nivel mundial,la deuda agregada es de 158 billones de dólares (2 veces el PIB mundial, es decir, 2 veces la riqueza que se genera a nivel mundial). De esta deuda, el 25% es pública y el 75% privada. La deuda total de los países en desarrollo, incluyendo a China y Rusia, es de 1,5 billones de dólares: un 1% de la deuda total mundial, lo que implica que el problema lo tienen EEUU, Europa y Japón.

Así como las familias o las empresas se endeudan con la contracción de créditos bancarios que tienen que devolver bajo unos intereses marcados por la entidad bancaria, los países tienes 3 formas de financiamiento:

• Préstamos a entidades bancarias: Igual que las familias o empresas.
• Deuda Multilateral: Préstamos que se contraen con el BEI (Banco Europeo de Inversión). Muy utilizados en la construcción de grandes infraestructuras. Actualmente supone entre un 10% y un 13% de la deuda total del Estado.
• Emisión de Bonos o Deuda Pública: Es la más importante, supone casi el 80% de la deuda total del Estado. Mediante este mecanismo, el país emite unos “papeles” (bonos) que vende a una cantidad determinada. Esos bonos lo compran los agentes financieros (bancos principalmente) con el compromiso que el Estado les devolverá el dinero invertido más una cierta cantidad en forma de interés. Un interés que, como veremos más adelante, aumenta a medida que se torna más difícil la situación económica.

Es el mecanismo de emisión de deuda pública y la forma de determinar el interés a pagar por esos bonos, es lo que hace del modelo de financiamiento un sistema a todas luces ilegítimo.

Por un lado, el BCE (emisor de la moneda única europea), en base a unas leyes para controlar la inflación, se constituyó para no poder prestar dinero directamente a los países. Dicha constitución obliga a los países a recurrir al mercado secundario (el de los bancos privados) para obtener financiación. Es así como los bancos privados hacen su negocio particular: obtienen dinero barato del BCE (al 1% de interés) y lo ceden a los Estados a un interés mayor (4% o más). Es decir, el sector bancario se beneficia de la deuda emitida por los países y, teniendo en cuenta que los países, debido al modelo de financiamiento, deben recurrir a la venta de bonos para obtener dinero con el que invertir en sus gastos, los bancos son los grandes beneficiarios de la deuda pública de los países, tanto por negocio como por posicionamiento de poder.

Además, el interés que deben pagar los Estados por la deuda contraída, aumenta con la posibilidad de impago, es decir, los intereses que se le exigen a un país por los bonos emitidos son mayores a mayores dificultades económicas atraviese el país. Este aumento del interés (sinónimo de gran negocio para la banca) viene marcado por valoraciones que hacen las agencias de calificación privadas (Standars $ Pool, Moody’s, Fitch) en función de unos parámetros que ellos mismo determinan. El resultado se mide en sus valoraciones y en la prima de riesgo, que es la diferencia porcentual de lo que se paga por el bono en relación al bono alemán.

Ejemplo financiación de un país europeo con una tasa de interés por sus bonos del 5%:

Además, hay todo un mercado financiero alrededor de esta deuda que no hace más alimentar la especulación. Este mercado, tan complejo como ilógico, está compuesto fundamentalmente por los CDS (Credit Default Swaps) o los seguros de impago de la deuda pública de los países. Es decir, un banco puede comprar un bono español y, a la vez, hacer un seguro de impago por si el Estado español se declara en bancarrota y no puede pagar. En caso de default (impago) el tenedor del CDS cobrará el dinero de la indemnización. Pues bien, la perversión de los CDS está en que estos productos financieros pueden adquirirse aún sin estar en posesión de ningún bono, con lo que hay agentes especulativos (tenedores de CDS) que están muy interesados en que haya ciertos países que puedan declarar un impago de sus bonos para poder cobrar el dinero de la indemnización.

La doctrina neoliberal, que promocionó el poder de sector financiero y la reducción de ingresos de los Estados y familias, se instaló institucionalmente en Europa a finales de los 90 y principios del siglo XXI.

La UE, en base a unas reglas insostenibles de crecimiento y consumo, se formó entre países con políticas fiscales muy dispares (mucha diferencia en el impuesto de sociedades) y con capacidades de producción muy diferentes. Esto provocó un desequilibrio en las formas de funcionar: países exportadores (aquellos con mayor capacidad de producción y tecnología) y países importadores.

Los exportadores (Alemania, Francia y los países bajos), lejos de dedicar sus ganancias a promover mejoras sociales en sus ciudadanos, empezaron a exportar su dinero en forma de créditos hacia los países importadores (era más productivo invertir el capital en el sistema especulativo-financiero que en la economía real).

Los importadores, que no podían competir con las industrias más desarrolladas (la alemana y francesa principalmente), debían endeudarse para superar sus déficits comerciales. Recurrieron a la emisión de deuda pública para financiarse. Una deuda que fue absorbida por el sistema financiero privado, tanto interno como externo, y que engrosó las cuentas y el poder de bancos y agentes financieros.

La necesidad de financiamiento de los países importadores unida a la oportunidad que tenía la banca (y agentes financieros) para ganar dinero, promocionó un sistema de endeudamiento que fue absorbido con perfecta eficacia por sociedades educadas en el sobreconsumo, en las que tener más siempre es mejor sin importar las consecuencias sociales, medioambientales o financieras. Así, mientras el sector empresarial y financiero se complace de tener colocada toda su producción, los países periféricos, como importan más de lo que exportan, tienen la necesidad de endeudarse para seguir consumiendo

La deuda del estado español está repartida según:

Deuda Pública: representa sólo un 16% del total y es lo que deben las instituciones públicas como el Estado, CCAA y Ayuntamientos (la proporción: 75%, 20% y 5% respectivamente).

Deuda Privada: el resto, 84% del total, es de:

• Familias 21%, contraída por la población en forma de hipotecas y préstamos personales.
• Bancos y entidades financieras 32%
• Empresas (principalmente del sector de la construcción) 31%.

De la Deuda Pública, hemos de decir que el 55% de ella se debe a entidades financieras españolas (Banco Santander y BBVA principalmente) y que el resto es a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y alemanes.

Según estos Datos, es fácil adivinar por qué los presidentes del Banco Santander, del BBVA o Merckel y Sarcozy (hablando por boca de sus banqueros nacionales) estén tan interesados en que España adopte las medidas necesarias para poder saldar sus deudas.

Según los mensajes que nos llegan para justificar los recortes, parece que el Estado español se haya endeudado mucho, pero ¿cuál es ese nivel de deuda en comparación con otros países? ¿Estamos en una situación tan grave como para que se nos apliquen estos recortes? ¿Acaso gastamos demasiado en servicios sociales? En cuanto a Sanidad y Educación, hay que decir que España, respecto a su PIB, invierte menos que la media de la UE, de hecho, está a la cola en estas materias (un 25% menos que Alemania o Francia). Nuestra deuda, comparada con otros Estados (en relación al PIB):

• Deuda Pública (azul claro), sólo la punta del iceberg.
• Deuda de empresas, bancos y entidades financieras (azul oscuro).
• Deuda Familiar (negro).

A día de hoy tenemos una deuda pública menor que Alemania o Francia.

De hecho, antes de la crisis, España tenía una deuda del 36% respecto al PIB (mucho menor que los compromisos de Maastrich, que la establecían en un nivel máximo del 60%). En la actualidad ha crecido hasta el 70% del PIB.

Resumiendo, el problema no es la deuda pública sino la deuda privada. Y es un problema porque el avalador de tales deudas es el Estado. Así pues, los bancos tan sólo tienen que preocuparse de ganar dinero, pues en caso de fallida, quien asumirá las pérdidas será el Estado.

La banca española está en posesión de 173.000 millones de euros en activos tóxicos (activos financieros de dudoso cobro o difícil venta e hipotecas).

La propuesta de creación de un “Banco Malo”, no es más que una manera de hacer que el Estado asuma (compre) estos activos tóxicos (basura financiera) y libere a la banca de los problemas generados por sus prácticas especulativas. Por supuesto, el Estado debe asumirlo con dinero público, es decir, con dinero de nuestros impuestos.

Debemos ser conscientes, además, que la banca privada fue la principal responsable y beneficiaria de la burbuja inmobiliaria y del aumento desorbitado del precio de los pisos. Ahora, descubierto el agujero que han provocado, no se les juzga por los graves problemas causados a la población, ni se les va a obligar a asumir las consecuencias de un negocio fallido. No participamos de sus beneficios pero debemos asumir sus pérdidas. Es más, han hecho valer su poder (bajo la complacencia interesada de la clase política) para que se les dé dinero de nuestros impuestos y que no se vean afectados económicamente por su negocio en la quiebra. ¿Qué ciudadano posee tal privilegio? Esto es un golpe de Estado financiero.

El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población. Se pagan los intereses de una deuda que ha servido para rescatar a la banca y cuyos objetivos están alejados de los intereses de los ciudadanos. Los rescates no deberían ser considerados deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por toda la sociedad. Es importante recordar que en 2008 no existía la denominada crisis del “endeudamiento”, pero sí la crisis de los grandes bancos.

El instrumento de endeudamiento “público” está siendo utilizado ahora en Europa como lo fue en Latinoamérica desde los años 1970: como un mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector financiero privado. Es una manera de desfalco de recursos públicos y ahora nos toca a nosotros.

Vídeo Viviendo en Deudocracia. La deuda en los países del Norte: Aprendiendo del Sur.

En la situación actual las soluciones que se imponen para afrontar la crisis, no son otras que las ofrecidas por el propio sistema capitalista: Mejorar la competitividad española en el exterior para reactivar la economía. Y para que la economía vuelva a crecer y el pastel vuelva a ser grande y podamos optar a un trozo mayor, nos venden que “todos” debemos hacer un esfuerzo. Pero a estas alturas es evidente que sólo una élite se beneficia de esta estrategia. El resto, permite la degradación de sus derechos, del medio ambiente y de la calidad de vida, en pro del siempre deseado crecimiento económico y a cambio de la esperanza de no figurar en la lista del INEM.

Así, bajo la premisa de una vuelta al crecimiento para salir de la crisis, se están imponiendo dos medidas terriblemente alejadas del bien social:

1.- Rescate de la Banca: Esta medida sólo desemboca en
una situación más precaria, pues al poco ingreso que tienen los Estados como herencia de la época neoliberal, debemos añadir el expolio de dinero público que supone la recapitalización del sector bancario. En otras palabras, el dinero de nuestros impuestos, con el pretexto de salvar los ahorros de la población, se está empleando para engrosar cuentas corrientes de directivos bancarios, para seguir con el negocio de compra de activos financieros y para especular en contra de las deudas de los estados europeos.

La ayuda total al sector bancario ha supuesto 141.000 millones

2.- Política de austeridad (sólo sufrida por la
población): La aplicación de recortes sociales no hará más que
aumentar la recesión económica. Al generar más paro se reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública. Y con este aumento de la deuda vendrá la calificación a la baja de las agencias de rating, el consiguiente aumento de la prima de riesgo con su aumento de los intereses de la deuda y nuevos recortes sociales.

Además, los recortes vienen acompañados de otros ajustes como reformas laborales y aumento de los impuestos (sólo sobre los trabajadores y no sobre los beneficios empresariales). Ajustes que sólo recaen sobre la población.

En esta gráfica observamos el gasto que ha hecho el Estado en diferentes ámbitos. El dinero que ha de destinarse al pago de la Deuda ha crecido en 3 años un 65%, principalmente por los rescates bancarios y el gasto social del desempleo.

Resumiendo:

1. El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población con la excusa del endeudamiento. Gran parte de la deuda actual son los intereses de los préstamos contraídos para rescatar a la banca. El dinero que el Estado extrae de los recortes se utiliza para saldar esta deuda, y la banca utiliza este dinero para fines alejados de los intereses de los ciudadanos. Los rescates no deberían ser considerados deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por toda la sociedad. La deuda contraída para rescatar a los bancos está hipotecando nuestro futuro y el de generaciones venideras.
2. 2. La política de austeridad aumentará la situación de crisis y empeorará las cuentas del Estado. Los recortes hacen perder poder adquisitivo a las familias a la vez que se privatizan servicios sociales básicos, lo que llevará a una espiral continua de pobreza y de destrucción de derechos sociales.
3. 3. Tal y como está instalado el control de la deuda, un país que demuestra menos capacidad para saldarla debe pagar más por los intereses de su financiamiento (aumenta la prima de riesgo y las agencias de rating califican a la baja). Siendo esto así, el estado español, con toda la disminución de ingresos que suponen las medidas de austeridad, será calificada a la baja (crecerán los intereses) y deberá aumentar sus partidas presupuestarias al pago de los intereses de la deuda, lo que significará más recortes.
4. 4. Una política basada en la deuda genera unas inercias que sólo conducen a un nivel de endeudamiento muy por encima de las posibilidades reales de las poblaciones y a la destrucción del medioambiente por la promoción de una creciente necesidad de sobreconsumo.

Es momento de luchar por nuestros derechos, por nuestros servicios sociales, pues en la dinámica de precariedad, desposesión y privatización a la que estamos siendo sometidos, lo único que nos podrá dar cobertura social no es el capital individual, si no los planes universales de garantía social; es momento de dejar de obsesionarse por hacer el pastel más grande y empezar a cortarlo bien. La salida de la crisis está en que todos tengamos lo necesario, eliminando el derroche de los que tienen más. La salida de la crisis está en repartir la riqueza y el trabajo.

El dinero público no se destina a aliviar la situación de los que más padecen la crisis, que ven recortadas sus prestaciones sociales. Nuestros impuestos, regalados a los bancos, se están empleando para engrosar cuentas corrientes de directivos bancarios, para seguir con el negocio de compra de activos financieros y para especular en contra de las deudas de los estados europeos.

El BCE presta dinero a bancos y aseguradoras a un interés muy bajo (1%), dinero barato que invierten en comprar deuda pública a tipos de interés que oscilan entre el 3 y el 15% (como es el caso de Grecia), un negocio redondo. Es decir, las inyecciones de liquidez que el BCE dota a la banca europea para que, supuestamente, lo destinen en forma de créditos a la ciudadanía, se convierte en dinero que los Bancos invierten (por su alta rentabilidad) en la compre de Deuda Pública.

La posibilidad de que el Banco Central preste dinero a los Estados sin la intermediación de los mercados no se plantea: la propia arquitectura financiera de la unión permite, e incluso facilita, este tipo de movimientos especulativos.Y todo ello bajo la injerencia de las agencias de rating, que tras su criminal actuación en EEUU durante el estallido de la crisis, siguen siendo capaces de evaluar la solvencia de un Estado.

A ello hay que añadir la mayor recesión que provocarán
los nuevos recortes. Al generar más paro, se reducirá la recaudación de impuestos y aumentarán el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública –y la prima de riesgo, que alcanza tasas de usura–, forzando más recortes y alimentando el círculo vicioso.

Los recortes vienen acompañados de otros ajustes como reformas laborales y aumento de los impuestos sólo sobre los trabajadores (y no sobre los beneficios empresariales). Se pretende mejorar la competitividad española en el exterior y así reactivar la economía. Nos venden que “todos” debemos hacer un esfuerzo para que la economía vuelva a crecer, para que el pastel vuelva a ser grande y podamos cada uno tener un trozo mayor. A estas alturas es evidente que solo una elite se beneficia de esta estrategia. El resto permite la degradación de sus derechos, del medio ambiente, de la calidad de vida, en pro del siempredeseado crecimiento económico, a cambio de la esperanza de no figurar en la lista del INEM.

Es momento de dejar de obsesionarse por hacer el pastel más grande y empezar a cortarlo bien. La salida de la crisis está en que todos tengamos lo necesario, eliminando el derroche de los que tienen más. Repartir, en definitiva, la riqueza y el trabajo.

Sí, en derecho internacional, una deuda es ilegítima si procede de préstamos que, por cómo fueron concedidos, gestionados y en aquello que financian, de forma directa o indirecta, atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos y ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Es la deudas que se deriva de acuerdos financieros que (o bien en la contratación o renegociación, o bien en lo que establecen, en lo que financian o en los impactos que causan) viola los derechos humanos o los principios de derecho internacional reconocidos por las naciones del mundo y que rigen las relaciones entre los estados y entre los pueblos. La deuda externa, sin embargo, también puede ser considerada ilegítima en su globalidad, en tanto que mecanismo de dominación y empobrecimiento, que perpetúa unas relaciones Sur-Norte injustas y desiguales, que responde fundamentalmente a los intereses de los acreedores y, en concreto, de las élites económicas (en el Norte y en el Sur).

Es una deuda ilegítima aquella cuyos fondos se emplean para adquirir medios y armas para reprimir a la población o para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate (el gobierno griego siguió comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme).

Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente no se deben pagar.

También las ayudas a los bancos pueden ser consideradas como deuda ilegítima, porque no cumple para lo que ha sido concebida. El dinero del rescate ha sido destinado a que el sector financiero privado se haya podido deshacer de los activos tóxicos, pagar parte de sus deudas y reestructurarse obteniendo grandes beneficios.

La cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. ¿Se debe pagar?

La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.

No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas. Es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público.

El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos; un colectivo puede comenzar el trabajo y provocar el debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos (por ejemplo, estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en un territorio).

Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.

Pero más allá del control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.

Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.

El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma.

La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.

No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.

En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Es inviable salir de la crisis de forma satisfactoria, si una parte creciente del presupuesto público se dedica al pago, cada vez más costoso, de la deuda pública.No es posible responder a una deuda que puede crecer indefinidamente haciendo crecer indefinidamente la economía, puesto que los recursos no son ilimitados.

Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que están por venir.

La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva,persecución efectiva del fraude fiscal, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, imposición de una tasa sobre las transacciones financieras especulativas, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con blindaje de los salarios más bajosy contratación compensatoria, y tantas otras medidas que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida.

Una campaña por la auditoría de la deuda desplegada únicamente en el interior de las fronteras nacionales es difícilmente concebible frente a un enemigosupranacional unido, rodado, experimentado, coordinado, sobrearmado y, sobre todo, determinado a pelearse durante mucho tiempo.

Esta deuda y las políticas de austeridad draconiana que engendra están totalmente internacionalizadas. Pero la extensión de la crisis de la deuda por toda Europa y Mediterráneo tiene al menos una consecuencia positiva: ha hecho nacer resistencias que caminan hacia la creación de campañas de auditoría de la deuda pública -muy pronto- en una docena de países.

Se están desarrollando iniciativas por auditorías ciudadanas de la deuda en Francia, Grecia, Irlanda, España, Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido, Túnez, Egipto…. El encuentro, el intercambio de experiencias, la conexión en red, la coordinación y, sobre todo, la elaboración programática y la acción común de todas estas campañas europeas (pero también extraeuropeas) son actualmente de una urgencia absoluta y constituyen una tarea prioritaria para todos nosotros.

En conclusión, podríamos muy bien afirmar que la verdadera razón de ser de una campaña o de una comisión de auditoría de la deuda pública es contribuir a dinamizar, radicalizar y a poner en marcha hacia su emancipación a una sociedad ya revuelta contra los planes de austeridad y el sistema que los genera. ¿De qué manera? Animando y ayudando directamente a la auto-organización de los ciudadanos en lascolectividades de lucha contra la deuda y la austeridad, con el fin de que nos familiaricemos tantocon el control ciudadano de los actos de “los de arriba”, como con la idea de que somos capacesde gestionar democráticamente nuestra cotidianeidad. En suma, con el fin de tomar las riendasde nuestras vidas y destinos. Ni más, ni menos…

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Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda:

• email: auditoriaciudadana@gmail.com
• Web: http://auditoriaciudadana.net/
• N-1 Estatal: https://n-1.cc/pg/groups/693621/coordinacin-estatal-15m-auditoria-de-la-deuda/

La auditoría debe servir a las luchas de resistencia y de emancipación de losciudadanos. La auditoría de la deuda no es un fin en sí mismo, no es más que uninstrumento, un medio al servicio de la lucha por la emancipación de los ciudadanos.