[Català]
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda queremos manifestar nuestro rechazo al anteproyecto de ley de “Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada” presentado por el ministro Gallardón el viernes 20 de diciembre.
Rechazamos esta ley porque la entendemos como un mecanismo patriarcal más del actual gobierno para someter a las mujeres a su ideología conservadora, como una herramienta de control de los cuerpos y de las vidas de la mitad de la población. Un golpe más enmarcado en una dinámica de austeridad que, por un lado, acentúa la feminización de la pobreza y, por otro, sitúa a las mujeres en una posición social subalterna.
Así, rechazamos esta ley porque queremos que el aborto forme parte de los servicios proporcionados por un sistema de salud público, de calidad, universal y gratuito, que tenga en cuenta las especificidades de género.
Porque consideramos que el aborto es una decisión personal y libre que solo puede llevar a cabo la mujer embarazada, ni el Estado, ni la Iglesia, ni un juez -si se trata de una joven de entre 16 y 18 años- ni dos médicos y/o psiquiatras expertos -¿en qué?- ajenos al centro donde se hará la intervención.
Porque la vida que se tiene que proteger es la de las mujeres, personas con unos derechos -también sexuales y reproductivos, ¡por supuesto!-, no la de un embrión, un feto o un “concebido”.
Porque agranda la brecha de clase, puesto que las mujeres con recursos podrán continuar abortando mientras al resto se les impedirá, se les restringirán las posibilidades para interrumpir sus embarazos, se las conducirá a hacerlo en condiciones de precariedad o se las obligará a declararse en riesgo de enfermedad mental para hacerlo.
Porque queremos vivir en un mundo donde la coeducación sexual desde la escuela promueva la libertad y la autonomía de las personas, porque queremos el acceso fácil y gratuito a los anticonceptivos y, sobre todo, porque poder abortar libremente y en condiciones de seguridad en un sistema público es una cuestión de justicia social.
La PACD impulsa una auditoría ciudadana de la deuda con perspectiva feminista con la ambición de visibilizar y hacer pagar la deuda histórica que tiene el sistema con las mujeres, las más expuestas a su violencia, tanto real como simbólica.