El pasado 26 de marzo, los grupos municipales del PP, PSOE (con la excepción de 2 de sus miembros) y UPyD rechazaron una moción de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda sobre la moratoria (la paralización del pago) de la deuda y su auditoria. El dia 5 de abril, Angel Pernías justificó en este periódico el rechazo del PSOE de Alacant a la moción basándose en lo inadecuado o ilegal de algunos aspectos de la misma (la moratoria municipal, la progresividad de los impuestos y que la auditoría fuera ciudadana).

 

La moción solicitaba la moratoria y «una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda«.

 

Lo que rechazaron estos grupos es la posibilidad real de salir de la crisis utilizando procedimientos democráticos. Lo que dan por bueno son procedimientos como el cambio del articulo 135 de la constitución o la conversión de deudas privadas en deuda pública. Su objetivo es garantizar el pago a los grandes bancos y agencias financieras españolas e internacionales de aquellos prestamos que concedieron a otros bancos, sin el mínimo de vigilancia y precaución exigibles, con el objetivo de obtener beneficios en base a la especulación. Se equivocaron en esta apuesta especulativa y los políticos «responsables» acuden en su rescate obligando a la ciudadanía a pagarles sus pérdidas.

 

El cambio del artículo 135 dice que por encima de la cobertura de las necesidades sociales de la población se encuentra la obligación del pago de la deuda. La constitución, que dicen que es intocable, se cambió, en 2011, en el mes de agosto y en 24 horas, sin deliberación ni participación ciudadana, y contraviniendo las disposiciones legales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos firmados por el estado. Es un procedimiento propio de un régimen dictatorial, y, por tanto, ilegítimo. Al atacar el principio básico de defensa de la población es, por ello, claramente injusto.

 

El cambio de la constitución trata de dar cobertura a un robo, la conversión de las pérdidas de los grandes bancos y agencias financieras en déficit público. Para cubrir este déficit se recurre a emitir deuda que es comprada y especulada por los mismos bancos y agencias cuyas pérdidas son salvaguardadas. El pago de los intereses de la deuda es cada vez mayor y para su reembolso se emite nueva deuda pública, de tal manera que ésta se vuelve impagable. La consecuencia es muy clara para estos políticos. Como «no hay dinero» hay que recortar en gastos sociales, en sanidad y en educación. Así, aprovechan la «crisis» (ellos no tienen crisis, sino la ciudadanía) para privatizar los servicios sanitarios y de educación, desmantelar la cobertura de protección social (desde las pensiones a los servicios sociales municipales), aumentar la ratio de alumnos por clase, despedir a 900 profesores interinos de la educación pública o impedir la investigación. Estas políticas son claramente injustas y vulneran la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sesión de 5 de julio de 2012, la cual subraya «que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas (refiriéndose específicamente a la deuda)». El Tribunal Constitucional de Portugal acaba de mostrar que las políticas de austeridad aplicadas en base a la coacción de la Troika no son legales. Aquellos países que han rechazado la deuda ilegítima no sólo no han entrado en un colapso financiero sino que han salido inmediatamente de la crisis que les era impuesta.

 

Los partidos y los concejales que han rechazado la moción presentada en el ayuntamiento son los partidos defensores de los bancos y de los grandes financieros. Como lo ha mostrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una buena parte de los políticos actuales no son los representantes de la ciudadanía, sino que cometen actos ilegales en contra de ésta. Por ello, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda seguirá desmontando el discurso oficial evidenciando sus mentiras, denunciando el expolio organizado de los fondos públicos y presentando alternativas.