El sábado pasado se dio una nueva vuelta de tuerca al proceso de socialización de pérdidas iniciado con la crisis económica. Tras los recortes en educación, sanidad, dependencia y otros servicios sociales, tras privatizaciones más o menos veladas, tras la pérdida de derechos laborales, el aumento de la edad de jubilación y otros numerosos ajustes fomentados por el pacto de estabilidad (que marca el límite al que puede llegar el déficit público) y tras un pago creciente de intereses de deuda, cada vez más elevado por el efecto de la prima de riesgo (disparada por la especulación de los mercados financieros), en definitiva, tras «hacer los deberes» que mandan desde Bruselas, Frankfurt y Washington, llega el rescate.

La concesión de un crédito al Estado español dirigido a inyectar recursos económicos a los bancos no llega para recomponer la economía, ni mucho menos para aliviar a la ciudadanía española. Es un rescate para los bancos que acabaremos pagando las ciudadana.El Eurogrupo, a petición del Gobierno español, ha concedido un préstamo por valor de hasta 100.000 millones de euros que irá destinado, a través del FROB, a inyectar fondos públicos en los bancos, mientras el FMI, la Comisión Europea y el BCE vigilan este proceso, así como el cumplimiento de los compromisos en el marco del Pacto de Estabilidad europeo de mantener el déficit a raya.

El Gobierno español es quien suscribe el Memorando de Entendimiento (el famoso MoU), es decir, quien firma el contrato de deuda con el Fondo de Rescate Europeo. Por ello, dicho rescate supone directamente un incremento de la deuda del Estado de hasta 100.000 millones de euros, y es el Estado el que asume el compromiso de devolver esa deuda. Se trata, pues, de una estatalización directa de las deudas privadas de los bancos. La deuda pública puede pasar así de los 841 mil millones de euros estimados para 2012 a 941 mil millones, acercándonos a una deuda pública superior al 90% del PIB.

No se trata, como afirma el ministro De Guindos, de una simple «línea de crédito en condiciones muy favorables”. Por muy ventajosas que sean las condiciones (que aún tenemos que conocer), esta deuda no es un regalo, sino un crédito sobre el que tendremos que pagar unos intereses. Se ha dicho que estos intereses pueden ir del 3 al 6 %, lo que supondrá un incremento de los gastos relativos al pago de la deuda de entre 3.000 y 6.000 millones de euros, que computan como déficit, y que cubriremos todos y todas con nuestros impuestos o con más recortes, reformas, privatizaciones y ajustes.

Mientras más del 25% de la ciudadanía española, y entre ella 2.200.000 niñas y niños, vive ya bajo el umbral de la pobreza; mientras miles de familias han sido y son desahuciadas de sus hogares; mientras miles de inmigrantes ven negado su derecho a tratamientos sanitarios tras años de trabajo precario, cuando no ilegal; mientras miles de enfermas crónicas se ven obligadas a hacer frente al pago de costosísimos tratamientos y nuestros niños y jóvenes ven peligrar la garantía constitucional de una educación pública, gratuita y aconfesional; mientras siguen profundizando en los recortes y reformas neoliberales, los políticos al servicio de la banca, siguen estrechando el cerco al modelo social construido con tanta lucha, sufrimiento y renuncia de nuestras abuelas y madres. Y todo para salvar a los bancos.

A pesar de que el Eurogrupo resalta que España “ya ha implementado una significativa reforma fiscal y del mercado laboral y medidas para fortalecer la base de capital de los bancos españoles” y que confía en que “España cumplirá sus compromisos contra el déficit excesivo y con respecto a reformas estructurales”, también asegura que el progreso en estas áreas será «revisados regularmente y con gran atención en paralelo con la asistencia financiera».

Esto significa que la concesión del crédito está condicionada al cumplimiento no sólo de las reformas en el sistema bancario, sino también al mantenimiento de los compromisos en materia de «déficit y reformas estructurales». España, a diferencia de lo que defiende el Gobierno, deberá cumplir a rajatabla con el Pacto de Estabilidad, que fija ese 3% del déficit para 2014. ¿Cómo se cumplirá con ese déficit si aumenta el gasto por el aumento de los intereses de la deuda?

¿Subiendo impuestos a las rentas más altas? ¿Luchando contra el fraude fiscal? ¿Recortando gastos militares o eliminando las ayudas a la iglesia? ¿Acabando con el presupuesto de la casa Real? … ¿O siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea? Es decir, subiendo el IVA, acelerando el retraso de la edad de jubilación, controlando el gasto en las comunidades o endureciendo las prestaciones por desempleo.

Tal y como ha pasado antes en Grecia, Irlanda o Portugal, y como pasó en Argentina, Malí o Indonesia, si no se cumple con los requisitos que nos impondrá la Troika (UE, BCE y FMI), se cortará el grifo del crédito, y por tanto la tan buscada liquidez para los bancos. Y como hemos visto también en estos países, a cambio de mantener el grifo abierto para los bancos y acreedores, se profundiza el desmantelamiento del Estado del Bienestar y se siguen recortando derechos. Todo ello supone claramente una nueva injerencia a la Soberanía.

Se nos dice además que habrá condiciones para los bancos que finalmente reciban el dinero y que fluirá el crédito para las empresas y familias. Pero en realidad estos recursos como mucho servirán para pagar los préstamos que ha acumulado la banca española con bancos alemanes y franceses, y para cubrir las pérdidas del irresponsable negocio de la especulación inmobiliaria.

Se está salvando pues al sector financiero nacional, europeo y internacional, este mismo sector ludópata quien más se benefició en la época de bonanza y que ahora, en época de vacas flacas, no hacen más que seguir especulando sobre las deudas publicas para saciar su adicción a las apuestas y al lucro.

Esto demuestra que no es una simple línea de crédito, sin consecuencias para las ciudadanas, sino un rescate; un rescate finalista dirigido a la banca. No es gratuito, ya que incrementa la deuda, y los intereses de su pago serán un gasto más para el Estado, aumentando el déficit. También está condicionado, no sólo a las reformas de sistema bancario, sino al cumplimiento del objetivo de déficit, y de algún lado van a sacar el dinero para cumplir con Europa. Si no se cumple con las condiciones que marquen la UE, el BCE y el FMI, se acabará el crédito a los bancos. Esto supone deber más, rescatar a los culpables y perder soberanía, y lo llamen como lo llamen, se parece sospechosamente a un Estado intervenido.

Y lo peor, lo vamos a pagar todos y todas con nuestros derechos y nuestro bienestar. Las ciudadanas, y nuestros derechos, nos hemos convertido una vez más en el precio a pagar para que banqueros e inversores salgan beneficiados de esta crisis.

No a la socialización de las deudas e inversiones irresponsables de los bancos. No pagaremos sus excesos. ¡No debemos! ¡No pagamos!