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La PACD rechaza cualquier proyecto de ley que atente contra los derechos de las mujeres y, especialmente, si les niega el derecho de abortar

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Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda queremos manifestar nuestro rechazo al anteproyecto de ley de “Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada” presentado por el ministro Gallardón el viernes 20 de diciembre.

Rechazamos esta ley porque la entendemos como un mecanismo patriarcal más del actual gobierno para someter a las mujeres a su ideología conservadora, como una herramienta de control de los cuerpos y de las vidas de la mitad de la población. Un golpe más enmarcado en una dinámica de austeridad que, por un lado, acentúa la feminización de la pobreza y, por otro, sitúa a las mujeres en una posición social subalterna.

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La deuda de género / El deute de gènere (cast / cat)

La expropiación del trabajo y del cuerpo de las mujeres

 

Comisión de género de la PACD. Publicado en el Setmanari Directa nº 308 el 6 de marzo de 2013 (en català a continuació)

8 de marzo Contra la ofensiva patriarcal y capitalista desobediencia feminista

Convendría recordar que la situación de crisis que vivimos no sólo es económica y financiera, también es social, ecológica, alimentaria, de cuidados y de género. Por lo tanto convendría que tengamos muy presente que la situación actual es producto de un modelo económico que precariza la vida y que, en último término, como lo señala Amaia Pérez Orozco desde el ámbito de la economía ecofeminista, atenta contra la vida: «en un contexto en el que hay medios más que suficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas, las vidas están continuamente amenazadas» (De vidas vivibles y producción imposible, 2012). De todas las crisis, los media sólo reflejan la crisis de la deuda, convirtiéndose ésta en un concepto cotidiano. Sin embargo, este concepto engloba una gran variedad de situaciones. Y también preceptos morales, como el casi obligatorio: una deuda siempre se debe saldar. Aunque no siempre sea así. Sigue leyendo

En España, los derechos de las mujeres están infravalorados

4 de diciembre por Fatima Fafatale , Anna A. Siscar, Verònica Gisbert Gracia

En nombre de las políticas de austeridad, España deberá “encontrar” 65 mil millones de euros de aquí al 2014. Solamente en 2012 será necesario reducir en 10 mil millones los gastos públicos relacionados con la sanidad y la educación. Medidas drásticas y e injustas que tendrán como único resultado la producción más pobreza, sobretodo entre las mujeres, ya en una posición de desventaja.
Intercambio con Anna A. Siscar, Fátima Fafatale y Verónica Gisbert, miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.  Marta Marsili

Bajo las presiones de la troika, el gobierno español ataca el gasto público. ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres? Sigue leyendo

Entendiendo la deuda

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad…

¿Todo por la deuda?

Estamos en crisis y no existe otro discurso para salir de ella que el de recortar y continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El motivo de tal austeridad, según apunta el discurso dominante, es el alto nivel de endeudamiento del Estado español, motivo que comparte con el resto de países de “segunda” de la zona euro.

Hemos visto, durante estos años de crisis, cómo las agendas de nuestros políticos estaban repletas de reuniones y más reuniones; cómo los dirigentes europeos declaraban la urgencia de crear medidas de estabilidad del euro; cómo se llamaba al orden a ciertos países y cómo la presión político-mediática legitimaba continuos gestos antidemocráticos como la imposición de gobiernos tecnócratas no elegidos democráticamente (golpes de estado en Grecia e Italia) o nuestra reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.

Así pues, el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes sin poder opinar o participar. Una deuda apuntada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, por constitución, a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.

Frente a todo esto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad que esconde la deuda? Para descifrarlo, hagamos un repaso de la historia de la deuda y veamos cómo se acabó imponiendo este régimen económico llamado Deudocracia.