¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Orígenes de la PACD

Desde octubre de 2011, en diferentes ciudades del Estado, comenzó un proceso para realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español. Asambleas ciudadanas nacidas del 15M, junto con otras redes y organizaciones sociales o individuos a título personal, participan en un proceso que está definiendo cómo queremos elaborar la auditoría, qué deudas queremos auditar, quién puede y debe participar en este proceso y con qué objetivos.

En marzo de 2012 se puso ya en marcha la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) “No debemos, No pagamos”. En la actualidad están constituidos diferentes nodos en numerosos puntos del territorio y la plataforma esta en constante crecimiento

Qué queremos

Entendemos que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad.
Por eso, se exige el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación y para ello se propone la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoria que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el NO PAGO de la DEUDA.

El movimiento ciudadano que se constituye en la PACD nace con estos objetivos generales:
1. Promover un Cambio del Modelo Económico y Social (denuncia de un mecanismo de endeudamiento que cimienta el sistema económico mundial y que genera profundas injusticias).
2. Recuperar la soberanía de los pueblos a través de espacios de aprendizaje y metodología de democracia participativa, dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de la cual luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social.
3. No pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades

Objetivos

El movimiento ciudadano que se constituye en la PACD nace con estos objetivos generales:

  1. 1. Promover un Cambio del Modelo Económico y Social (denuncia de un mecanismo de endeudamiento que cimienta el sistema económico mundial y que genera profundas injusticias).
  2. 2. Recuperar la soberanía de los pueblos a través de espacios de aprendizaje y metodología de democracia participativa, dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de la cual luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social.
  3. 3. No pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades.

¿Por qué?

La auditoría ciudadana es un instrumento, un mecanismo (o proceso) para analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país así como el impacto de esta política sobre la población. No sólo aplica el análisis de datos financieros si no un análisis más amplio y profundo que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan y por tanto en participar activamente en los asuntos públicos.

Paralelamente al trabajo de investigación estatal se están realizando auditorías paralelas sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito (local, municipal…), lo que hace más relevante trabajar en colaboración con el resto de movimientos y unir fuerzas, recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano constituye una fuente de información de primera mano acerca de los principales impactos que las medidas de austeridad ocasionadas por el pago de la deuda están suponiendo en sus respectivas áreas.

Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda es examinar y evaluar los procesos que han originado dicha deuda, no sólo con la finalidad de determinar la razonabilidad y fiabilidad de los datos contables sino también si han sido legales, legítimos y transparentes, así como si han originado perjuicios para la población en base a las normas legales, contables, financieras, ambientales y sociales establecidas en el Estado.