El rescate infinito a las eléctricas

Pablo Cotarelo
Miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización

Algunos creyeron que la liberalización del sector eléctrico que inició el gobierno de Aznar, Rato y Piqué en 1998, siguiendo directivas europeas salidas de Maastricht, mejoraría, modernizaría y garantizaría el servicio eléctrico a la sociedad. Sin embargo, dejar de considerar la electricidad como servicio público nos trajo un 17% de la población con serios problemas de pagar sus facturas energéticas (2012). El blindaje de la distribución de electricidad permitió que las grandes empresas operar en forma de oligopolio.

Un sistema de fijación de los precios de la electricidad opaco y anticuado ha procurado sobrecostes injustificados, pagos que no cumplen con los fines para los que se habían formalizado, proyectos sin justificación económica y condiciones de pago sin garantías democráticas. El estudio El coste real de la energía, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cifra en el entorno de los 80.000 millones de euros los pagos al sector eléctrico que se podrían considerar ilegítimos (1998-2013), de los cuales 65.000 van a parar a las 5 grandes empresas del sector asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP).

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